La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena contra el Estado nacional y la provincia de Buenos Aires y ordenó indemnizar a las familias de las víctimas de la denominada Masacre de Carmen de Patagones, ocurrida el 28 de septiembre de 2004, cuando Rafael “Juniors” Solich, de 15 años, ingresó armado a un aula de la Escuela de Enseñanza Media Nº 202 “Islas Malvinas” y abrió fuego contra sus compañeros. El ataque dejó tres estudiantes muertos y cinco heridos.
Con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal declaró “inadmisibles” los recursos extraordinarios presentados por el Estado nacional, en representación del Ministerio de Seguridad y la Prefectura Naval Argentina, y por la Fiscalía de Estado bonaerense, que actuó en nombre de la Dirección General de Cultura y Educación.
La resolución corresponde a la demanda por daños y perjuicios impulsada por la madre de Sandra Núñez, una de las tres víctimas fatales del ataque. De esta manera, quedó firme la condena que responsabiliza tanto a la institución educativa como al Estado por las consecuencias del hecho.
La Corte ya había adoptado un criterio similar en 2025 al confirmar la indemnización para los familiares de Federico Ponce, otro de los adolescentes fallecidos durante la masacre. En tanto, la demanda iniciada por la familia de Evangelina Miranda obtuvo sentencia de primera instancia en octubre de 2024 y continúa su recorrido judicial.
Además, en mayo de este año, la Justicia Federal de Bahía Blanca ordenó indemnizar por daño psicológico a una excompañera de curso que se encontraba en el aula al momento del ataque.
El ataque que conmocionó al país
La tragedia ocurrió durante la mañana del 28 de septiembre de 2004, poco después del acto de izamiento de la bandera. Los alumnos cursaban primer año del Polimodal cuando Solich sacó un arma de fuego y comenzó a disparar de manera indiscriminada contra sus compañeros.
Como consecuencia del ataque murieron Sandra Núñez, Evangelina Miranda y Federico Ponce. También resultaron heridos Rodrigo Torres, Nicolás Leonardi, Pablo Saldías, Natalia Salomón y Cintia Casaso.
Durante la investigación judicial, el adolescente fue declarado inimputable por ser menor de edad. Ante la jueza de menores que intervino en la causa afirmó: “Cuando tiré, no era yo”.
Las responsabilidades del Estado
Las familias de las víctimas promovieron acciones judiciales contra la escuela y contra la Prefectura Naval Argentina. En este último caso, porque el arma utilizada pertenecía al padre del adolescente, quien era integrante de esa fuerza.
La Justicia Federal de Bahía Blanca consideró que, de acuerdo con el artículo 1117 del entonces vigente Código Civil, los establecimientos educativos eran responsables por los daños sufridos por los alumnos menores mientras permanecían bajo la autoridad escolar.
En ese marco, los jueces entendieron que no se acreditó una actuación diligente de las autoridades educativas frente a los problemas de conducta que Solich venía manifestando. Incluso, el sumario administrativo reveló que distintos docentes y directivos habían advertido sobre el comportamiento preocupante del adolescente y el posible riesgo para otros estudiantes, sin que se adoptaran medidas preventivas.
La investigación periodística Juniors, de Pablo Morosi y Miguel Braillard, reconstruye además el diálogo que la jueza Alicia Ramallo mantuvo con el joven tras el ataque. Allí, Solich aseguró que actuó porque se sentía hostigado desde hacía años por sus compañeros. “Me molestan, siempre me molestaron, desde el jardín. Desde que estaba en séptimo grado pensaba hacer algo así. Me cargan, dicen que soy raro”, declaró.
Con la decisión de la Corte Suprema, las condenas contra el Estado quedan firmes en las causas ya resueltas, consolidando la responsabilidad estatal tanto por las falencias en el ámbito escolar como por el acceso del adolescente al arma utilizada en una de las tragedias más recordadas de la historia educativa argentina.
Agencia MTR