La política de ajuste impulsada por el Gobierno de Javier Milei sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) encontró un obstáculo judicial. Un fallo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N.º 2 de San Martín dispuso una medida cautelar que suspende el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA-AMBA) y frena cualquier avance sobre su personal e infraestructura.
La resolución judicial tendrá una vigencia de seis meses y fue dictada en respuesta a una acción de amparo presentada contra la Resolución 27/26 del INTA. Esa norma había dispuesto la eliminación de la estación experimental y de sus nueve agencias de extensión, además de transferir los inmuebles bajo su órbita a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) con el objetivo de avanzar en su venta o subasta.
El juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto ordenó a las autoridades del organismo abstenerse de ejecutar cualquier medida relacionada con la supresión de funciones y dependencias, el traslado de trabajadores, pases a disponibilidad, despidos de personal técnico, movimiento de equipamiento o asignación de inmuebles. La resolución también bloquea cualquier intento de comercialización de los terrenos involucrados.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) celebraron la decisión judicial. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el fallo representa un límite a las medidas impulsadas por el Ejecutivo y advirtió que continuarán recurriendo a todas las instancias legales para impedir nuevos recortes en organismos públicos.
Uno de los puntos centrales del conflicto es el valor estratégico e inmobiliario de los terrenos afectados. Se trata de un predio de 33 hectáreas ubicado entre los municipios bonaerenses de Hurlingham e Ituzaingó, cuya cotización asciende a varios millones de dólares debido a su localización dentro del área metropolitana.
La disputa se da en el marco de un proceso más amplio de reestructuración del INTA. Según datos oficiales, el organismo cuenta con unas 50.000 hectáreas distribuidas en distintas regiones del país, además de inmuebles ubicados en zonas urbanas de alto valor. El Gobierno considera que parte de esos activos pueden ser puestos a disposición para reducir costos y optimizar recursos.
En paralelo, a comienzos de mayo la administración nacional puso en marcha un nuevo programa de retiros voluntarios destinado al personal del instituto. La iniciativa forma parte del plan de reducción del gasto público y busca disminuir en alrededor del 20% la planta de trabajadores del organismo, que actualmente ronda los 5.900 empleados.
Con esta cautelar, la Justicia introdujo un freno temporal a las medidas de reorganización previstas para la sede metropolitana del INTA, mientras se analiza el fondo de la cuestión planteada en el amparo. El conflicto promete continuar en los tribunales y se suma a otros reclamos judiciales vinculados a la reestructuración de organismos estatales impulsada por el Gobierno nacional.
Agencia MTR