La Provincia de Buenos Aires abrió un expediente contra Mercado Libre tras detectar una serie de cláusulas que considera potencialmente abusivas en los contratos de adhesión que regulan el uso de su plataforma y de los servicios asociados, entre ellos Mercado Pago y los préstamos personales ofrecidos dentro del ecosistema digital de la compañía.
La medida fue impulsada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, a través de la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores, luego de una fiscalización realizada de oficio sobre los términos y condiciones publicados por la empresa fundada por el empresario Marcos Galperin.
Según informaron desde la cartera que encabeza Augusto Costa, la investigación identificó más de diez disposiciones que podrían vulnerar la Ley Nacional de Defensa del Consumidor al establecer condiciones que favorecen a la empresa en detrimento de los derechos de los usuarios.
Entre los principales cuestionamientos figuran cláusulas relacionadas con la falta de precisión en el cobro de tarifas, la aceptación automática de modificaciones contractuales, la transferencia de responsabilidad a los usuarios por operaciones no autorizadas en sus cuentas y mecanismos de compensación entre distintas cuentas de la plataforma.
Además, la Provincia observó disposiciones que eximirían anticipadamente a la empresa de determinadas responsabilidades, limitarían reclamos por fallas técnicas, habilitarían débitos sobre cuentas de terceros y establecerían jurisdicciones exclusivas para resolver conflictos, aspectos que, según el análisis oficial, podrían restringir el acceso de los consumidores a una tutela efectiva de sus derechos.
La empresa con más reclamos en territorio bonaerense
Desde el Gobierno provincial señalaron que Mercado Libre encabeza el ranking de reclamos de consumidores en Buenos Aires. De acuerdo con cifras oficiales, durante los primeros cuatro meses del año se registraron 2.396 denuncias individuales vinculadas a la plataforma.
No obstante, las autoridades aclararon que la imputación actual no surge de una denuncia puntual sino de una actuación iniciada de oficio como parte de las tareas de fiscalización y control que realiza el organismo.
Ahora, la empresa cuenta con un plazo de cinco días hábiles e improrrogables para presentar un descargo y proponer modificaciones o la eliminación de las cláusulas observadas. En caso de adecuar los contratos a las exigencias de la normativa vigente, el expediente podría concluir sin sanciones.
Sin embargo, si la compañía no logra revertir las observaciones formuladas por la autoridad provincial, podría enfrentar una multa de hasta $1.815 millones.
La respuesta de Mercado Libre
Tras conocerse la imputación, Mercado Libre rechazó las acusaciones y sostuvo que se trata de una instancia administrativa preliminar que no implica una sanción efectiva ni una determinación definitiva sobre la legalidad de sus contratos.
Voceros de la empresa adelantaron que presentarán el descargo correspondiente dentro de los plazos establecidos y remarcaron que el volumen de reclamos registrados representa una proporción mínima respecto de la cantidad de operaciones que se realizan diariamente a través de la plataforma.
La disputa abre un nuevo frente entre la administración bonaerense y una de las compañías tecnológicas más importantes de América Latina, en un contexto de creciente atención sobre las condiciones de uso de las plataformas digitales y la protección de los derechos de consumidores y usuarios.
Agencia MTR