La vecina ciudad de Bragado atraviesa una fuerte controversia entre la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones y la Asociación Proveeduría Infantil por la posesión de un edificio ubicado en calle Núñez al 155, donde funciona desde hace décadas la institución dedicada a asistir a niños y personas con discapacidad.
El conflicto escaló luego de que la Gran Logia difundiera un comunicado en el que acusó a la Proveeduría Infantil de intentar apropiarse de un inmueble que —según sostiene— pertenece legalmente a la masonería y fue cedido “de manera gratuita y desinteresada” desde 1968 para el desarrollo de actividades sociales.
Según expresó la organización masónica, tras varias gestiones fallidas e incluso una reunión con el intendente de Bragado, Sergio Barenghi, no lograron avanzar en una instancia de diálogo con las autoridades de API.
En ese marco, la entidad aseguró que los directivos de la Proveeduría “decidieron terminar una relación de más de 50 años con la intención de quedarse con el establecimiento”, y advirtió que iniciará acciones civiles, penales y judiciales para defender sus derechos sobre la propiedad.
Además, el comunicado incluyó fuertes cuestionamientos hacia la conducción de la institución benéfica, al señalar que algunas personas estarían utilizando “a menores y personas con discapacidad como rehenes con fines personales”, una frase que generó un fuerte rechazo en la comunidad local.
La reunión mencionada por la masonería se realizó a fines de abril y contó con la presencia del Gran Maestre Pablo Lázaro, quien destacó la histórica presencia de la masonería en la ciudad y recordó el rol que tuvo la antigua Logia San Martín en el desarrollo de distintas instituciones locales.
Dura respuesta de la Proveeduría
La réplica no tardó en llegar. Diego Tayeldin, integrante de la comisión directiva de la Proveeduría Infantil y consejero escolar por la Unión Cívica Radical, salió al cruce del comunicado con un extenso descargo en redes sociales.
“El comunicado está plagado de mentiras mendaces, patrañas infamantes, descortesías irreverentes, inexactitudes falaces e irrespetuosidades insolentes hacia una institución profundamente querida por la comunidad”, afirmó.
Tayeldin también reivindicó el trabajo histórico de figuras como Miguel Garrubba y Anita Cervera de De Pablo, a quienes atribuyó la recuperación del edificio cuando se encontraba abandonado.
En otro tramo de su descargo, cuestionó duramente a la masonería y denunció supuestas presiones sobre integrantes de la comisión de API.
“Han recibido advertencias respecto del supuesto poder de los masones en determinados sectores de la política y de la Justicia, sugiriéndoles que lo mejor sería ceder. Si eso es verdad, es gravísimo”, sostuvo.
“Todo está en la Justicia”
Desde la Proveeduría remarcaron que la institución posee documentación respaldatoria y que la situación ya se encuentra judicializada.
“La Asociación Proveeduría Infantil tiene sus papeles en orden, tiene una posesión sostenida durante décadas y tiene algo todavía más importante: confianza en la Justicia republicana e independiente”, expresó Tayeldin.
Mientras el conflicto avanza en los tribunales, en Bragado crece la preocupación por el futuro de una institución con casi 70 años de historia y fuerte arraigo social.
Para gran parte de la comunidad, aseguran desde API, el debate excede una discusión patrimonial: involucra a una entidad considerada parte del “corazón” de la ciudad.
Agencia MTR