Con fecha 27 de abril de 2026, el convecino de Guaminí y referente de Unión Usuarios Viales, presentó una nota formal dirigida al Concejo Deliberante de ese distrito, solicitando el tratamiento urgente de una resolución de rechazo y repudio ante la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de clausurar la Sala de Prensa de la Casa de Gobierno.

La presentación, firmada por Ignacio Zavaleta, sostiene que la medida no puede interpretarse como una simple reorganización administrativa, sino como “un acto autoritario, anti-republicano y profundamente inconstitucional”, que afecta de manera directa el funcionamiento democrático y el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública.

En el escrito enviado al cuerpo deliberativo local, se remarca que el cierre de este espacio físico —considerado históricamente como el nexo entre el Estado y el pueblo— constituye un ataque directo a la libertad de prensa, ya que limita el trabajo de los periodistas acreditados e impide la posibilidad de interpelar a los funcionarios en el lugar donde se toman las decisiones políticas más relevantes del país.

El dirigente advirte que esta decisión representa “un intento deliberado de reemplazar la información pública por la propaganda oficial”, debilitando el rol del periodismo como herramienta de control social sobre el poder político.

Asimismo, se señala que la medida implica una grave violación del sistema republicano de gobierno. La República, recuerdan, se sostiene sobre la publicidad de los actos de gobierno y sobre la posibilidad de que la ciudadanía ejerza control sobre sus representantes.

“Silenciar el ámbito de trabajo de los acreditados de prensa es una señal propia de regímenes autocráticos que desprecian el escrutinio ciudadano y la transparencia”, expresa el documento presentado ante el Concejo Deliberante.

Otro de los puntos centrales del reclamo es la manifiesta inconstitucionalidad de la clausura, al considerar que colisiona de forma directa con el artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza la libertad de prensa, y con los tratados internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, que protegen el derecho de buscar, recibir y difundir información.

“El gobierno que teme a las preguntas es un gobierno que le da la espalda a la democracia”, sostiene la nota, en una de sus definiciones más contundentes.

También se subraya que la Casa Rosada no pertenece circunstancialmente a un mandatario de turno, sino que constituye patrimonio institucional de todos los argentinos, por lo que impedir el trabajo de la prensa dentro de ese ámbito representa una afectación a toda la sociedad.

“No podemos permitir que el silencio se convierta en política de Estado”, expresa el texto, al tiempo que reclama la inmediata reapertura y el pleno funcionamiento de la Sala de Prensa como garantía de transparencia institucional.

Junto con la nota principal, Zavaleta adjuntó un anexo jurídico en el que se detallan los fundamentos constitucionales que, según afirma, convierten esta decisión en “un acto de nulidad absoluta por afectar derechos humanos fundamentales”.

Entre esos fundamentos se destaca la violación del artículo 14 de la Constitución Nacional, cuya interpretación jurisprudencial reconoce no solo el derecho a publicar ideas sin censura previa, sino también la facultad de buscar y acceder a la información. En ese marco, la eliminación del espacio donde se produce la información oficial constituye una forma de censura indirecta.

También se invoca el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, incorporado con jerarquía constitucional por el artículo 75 inciso 22, que prohíbe expresamente restringir la libertad de expresión mediante vías indirectas destinadas a impedir la circulación de información.

El anexo sostiene además que el cierre quebranta el principio republicano establecido en el artículo 1 de la Constitución Nacional, ya que sin publicidad de los actos de gobierno no existe verdadero control ciudadano ni transparencia institucional.

Se agrega además la invocación del artículo 32 de la Constitución, que prohíbe incluso al Congreso dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta, por lo que resulta jurídicamente inadmisible que el Poder Ejecutivo avance mediante resoluciones administrativas sobre derechos fundamentales protegidos por la propia Carta Magna.

Finalmente, se denuncia la violación de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, especialmente en sus principios de máxima divulgación, facilitación y buena fe, ya que el Estado tiene la obligación de remover obstáculos y facilitar el acceso a la información, no de clausurar los espacios donde ese acceso se produce.

Por todo ello, Zavaleta solicitó a todos los bloques que integran el Concejo Deliberante de Guaminí que se pronuncien de manera unánime en defensa de la libertad de prensa, la transparencia institucional y el sistema republicano, exigiendo la inmediata reapertura de la Sala de Prensa de la Casa Rosada.

La iniciativa busca transformar el reclamo local en una señal política clara frente a una medida que, según sostienen, no afecta solamente a los periodistas acreditados, sino al conjunto de la ciudadanía y al corazón mismo de la democracia argentina.