Luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York emitiera un fallo favorable para la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, respaldó la recuperación de la compañía y lanzó críticas hacia el presidente Javier Milei por su visión sobre el rol del Estado.
En una conferencia de prensa, el mandatario provincial cuestionó las políticas de privatización aplicadas en la década del 90 y sostuvo que la venta de empresas estratégicas generó consecuencias negativas en la producción energética. Según explicó, durante la gestión privada de la petrolera se registraron caídas en la extracción de petróleo y gas, así como en el nivel de reservas, lo que derivó en un aumento de las importaciones.
Kicillof remarcó que los procesos de privatización sin regulaciones ni condiciones pueden derivar en problemas estructurales para la economía. En ese sentido, insistió en que priorizar ingresos inmediatos mediante la venta de activos públicos implica riesgos a largo plazo, especialmente en sectores considerados clave.
El gobernador también apuntó contra sectores políticos que, según su mirada, respaldaron los reclamos de fondos litigantes en tribunales internacionales. Señaló que este tipo de posturas afectan la posición del país en disputas legales y subrayó la importancia de sostener la soberanía sobre los recursos energéticos.
En otro tramo de su exposición, defendió el rol de una empresa estatal en la regulación del mercado interno, especialmente en contextos de volatilidad internacional. Mencionó que el control nacional permite aplicar políticas de precios que atenúen el impacto en los consumidores.
El origen del conflicto por YPF
La expropiación de YPF se concretó en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en medio de tensiones con la empresa española Repsol, entonces principal accionista. La administración nacional argumentó falta de inversión y caída en la producción como motivos para avanzar con la medida.
El Congreso aprobó la ley que declaró de utilidad pública el 51% de las acciones de la compañía, lo que derivó en un conflicto internacional con la firma española. Tras negociaciones, en 2014 se alcanzó un acuerdo de compensación por unos 5.000 millones de dólares en bonos.
Sin embargo, el litigio continuó con otros accionistas minoritarios cuyos derechos fueron adquiridos por fondos de inversión especializados en demandas. En 2023, la jueza Loretta Preska dictó un fallo adverso para la Argentina con una indemnización millonaria, decisión que posteriormente fue revisada por la Cámara de Apelaciones.
El reciente fallo reavivó el debate político sobre el rol del Estado en sectores estratégicos y volvió a poner en el centro de la escena la discusión sobre la gestión de los recursos energéticos en el país.
Agencia MTR