La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa) informó que las autoridades de la Provincia de Buenos Aires autorizaron y difundieron este lunes las nuevas bandas arancelarias para los establecimientos educativos privados que reciben aportes estatales para su funcionamiento.
Según detalló la entidad, los colegios de nivel inicial y primario con el 100% de subsidio estatal para el pago de salarios docentes podrán cobrar hasta $32.880 mensuales desde abril. En tanto, aquellos con un aporte del 40% podrán percibir hasta $148.660. Para el nivel secundario, los valores oscilarán entre $36.200 y $193.160, dependiendo del nivel de subsidio.
En el caso de las instituciones que brindan educación técnica, agraria o artística, las cuotas autorizadas se ubican entre $41.790 y $221.070, también según el porcentaje de aporte estatal recibido.
El nuevo esquema fue avalado por una comunicación oficial de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, luego de que Aiepa solicitara una actualización en función de los acuerdos paritarios alcanzados entre el Gobierno provincial y los gremios docentes.
Cabe recordar que en marzo ya se había aplicado un incremento del 3%, mientras que el último ajuste previo había sido autorizado en septiembre de 2025, impactando en el tramo final del ciclo lectivo pasado.
El secretario ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, señaló que estas adecuaciones se dan en un contexto complejo para el financiamiento de la educación privada. “Existen numerosos costos fijos que han aumentado en los últimos meses, además de los salarios docentes, que son cubiertos parcialmente por el Estado. Sin embargo, hay otros gastos que recaen exclusivamente en las instituciones”, explicó.
En ese sentido, remarcó que las escuelas realizan esfuerzos para sostener su funcionamiento sin trasladar completamente los aumentos a las cuotas. “El arancel continúa por debajo del incremento de los costos operativos, con el objetivo de no afectar el normal desarrollo de las actividades educativas”, agregó.
Zurita también advirtió sobre nuevos factores que complican la gestión, como el incremento de tasas municipales, la caída de la matrícula y los desfasajes financieros. En muchos casos, indicó, los colegios deben afrontar subas salariales antes de contar con la autorización oficial para ajustar sus aranceles.
Actualmente, el sistema de educación privada en la provincia de Buenos Aires representa cerca del 30% de la cobertura educativa y alcanza a más de 1,3 millones de estudiantes. Aproximadamente el 70% de los establecimientos recibe algún tipo de aporte estatal, lo que implica que sus cuotas deben ser reguladas por el gobierno provincial. Por el contrario, las instituciones con arancel libre pueden definir sus valores sin intervención estatal.
Cierres de escuelas y caída de matrícula
En los últimos años, se registraron cierres de instituciones educativas privadas en distintos puntos del país, especialmente en el conurbano bonaerense, la Ciudad de Buenos Aires y La Plata. Según Aiepa, se trata de un fenómeno que se intensificó tras la pandemia y responde a múltiples factores.
Entre ellos se destacan la caída de la natalidad, la reducción de la matrícula —con unos 300 mil alumnos menos en los últimos cuatro años—, el atraso en los aranceles, el aumento de tarifas de servicios públicos y las dificultades económicas de las familias, lo que elevó los niveles de morosidad.
“Hay escuelas que no han cerrado, pero atraviesan situaciones críticas, con endeudamiento o necesidad de tomar créditos para afrontar salarios y cargas sociales”, concluyó Zurita.
Agencia MTR