El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, cuestionó con firmeza la decisión del Gobierno nacional de desregular el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa, advirtiendo que la medida podría poner en riesgo uno de los principales logros sanitarios de la ganadería bovina argentina.
Actualmente, la vacunación obligatoria se realiza en conjunto entre los productores y los entes sanitarios regionales —fundaciones integradas por productores— que organizan las campañas, fiscalizan el proceso y garantizan la cobertura territorial. Según Rodríguez, este sistema fue clave para que Argentina erradicara la enfermedad tras el brote registrado a comienzos de siglo, consolidando un esquema sanitario sólido y confiable.
“El sistema actual permitió ampliar la seguridad del sector. Hoy nadie duda de su solidez. Los problemas que surgieron con algunos entes tenían que ver con una puja económica, que debería haberse resuelto puntualmente en lugar de cambiar todo el sistema”, sostuvo.
El ministro explicó que el modelo de fundaciones y entes sanitarios nació a partir de una propuesta de los propios productores, quienes asumieron la responsabilidad de vacunar su ganado. Esto dio lugar a una red de aproximadamente 300 entes en todo el país, funcionando como una verdadera red de capital social que articula a productores de distintas escalas y sostiene campañas sanitarias coordinadas, asegurando la cobertura universal.
Rodríguez advirtió que la nueva normativa rompe principios clave del sistema actual, como la solidaridad y la cobertura total. “Profesionales independientes priorizarán grandes rodeos por conveniencia, mientras que los productores con pocos animales podrían quedar desatendidos. El ente sanitario garantiza que la vacunación llegue a todos; el profesional independiente no lo hará ni está obligado”, señaló.
Otro punto crítico señalado por el ministro es la dificultad de control sanitario que genera el nuevo esquema. “El hecho de que los profesionales sean independientes hace más complejo el seguimiento de la vacunación, porque la información estará disgregada”, explicó. Además, el artículo 4 de la resolución desestructura la lógica de las campañas, dificultando el control sin establecer lapsos temporales claros como el sistema vigente.
“Lo que está en juego no es solo quién aplica la vacuna, sino un modelo de articulación público-privada que durante décadas sostuvo la sanidad ganadera argentina”, remarcó Rodríguez, y advirtió que el cambio podría tener graves consecuencias sanitarias, recordando el brote de 2001 que afectó duramente al sector.
“Durante más de veinte años funcionó un sistema basado en coordinación, responsabilidad colectiva y compromiso del sector productivo. Desarmarlo en nombre de la desregulación es un riesgo enorme para la ganadería argentina”, concluyó.
Agencia MTR