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El Gobierno bonaerense avanza con la segunda etapa de la Revisión Tarifaria Integral de la luz

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos aprobó un nuevo anexo al convenio con la UBA para analizar los costos de distribución eléctrica y definir un plan de inversiones que garantice calidad del servicio y tarifas justas

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó un nuevo anexo al convenio suscripto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para avanzar en la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del servicio público de distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción provincial.

El anexo, formalizado como Anexo III, se enmarca en el acuerdo con el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (Ceare) de la UBA, que brinda servicios de consultoría técnica y económica para la revisión tarifaria iniciada en 2024. Este documento detalla las fases, contenidos, hitos y porcentajes de pago correspondientes a la segunda etapa del proceso.

La RTI, iniciada mediante la Resolución N° 1133/2024, incluye instancias de análisis técnico, económico, tarifario y jurídico del sistema de distribución eléctrica provincial. El objetivo es evaluar en detalle los costos de las cuatro compañías de energía: Edelap, EDES, EDEA y EDEN, definir un plan de inversiones que asegure un servicio de calidad, actualizar la infraestructura según la demanda actual y reafirmar el rol activo del Estado en el control de las empresas.

Según informaron desde la Provincia, la revisión también busca mejorar los parámetros de calidad del servicio, garantizar tarifas asequibles y homogéneas en todo el territorio y optimizar la gestión de los subsidios a la energía.

En la Etapa 1 se realizó la valuación física de los activos de las distribuidoras y se recopiló información técnica. La Etapa 2, que ahora comienza formalmente, incluye el análisis económico y regulatorio: valorización de la base de capital, determinación del requerimiento de ingresos de cada distribuidora, definición del plan de inversiones obligatorio y propuesta de nueva estructura tarifaria.

El proceso culminará en un informe final de Ceare, que sugerirá un nuevo cuadro tarifario. El cronograma establece un plazo de 15 meses para completar todas las tareas previstas, con pagos a la consultoría gestionados por la Subsecretaría de Energía una vez verificado el cumplimiento de los hitos.

La decisión se adoptó con la intervención de los organismos de control provinciales y en el marco de la Ley de Ministerios, el marco regulatorio eléctrico provincial y la normativa administrativa vigente.

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