Un proyecto de ley presentado en la Legislatura provincial de Buenos Aires busca prohibir el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses, con el objetivo de evitar que se cometan delitos como estafas y extorsiones telefónicas desde el interior de los penales. La iniciativa, bautizada como “Ley Rodrigo”, fue impulsada por el diputado Oscar Liberman, de La Libertad Avanza, y cuenta con el respaldo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Según Liberman, las cárceles se han convertido en “call centers del delito”, donde los detenidos utilizan celulares para planificar y ejecutar delitos. El proyecto propone dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” establecido durante la pandemia de Covid-19 y modificar la Ley de Ejecución Penal Bonaerense para que las comunicaciones de los internos se realicen exclusivamente a través de teléfonos fijos o dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario Bonaerense.



