Agustín Diez volvió a alzar la voz públicamente para denunciar lo que considera una grave desprotección judicial hacia su hija menor de edad, víctima de un intento de homicidio por parte de su madre. En un extenso y emotivo mensaje difundido en redes sociales, el padre expresó su cansancio, indignación y temor ante recientes resoluciones judiciales que, según afirma, priorizan la situación de la imputada por sobre la seguridad de la niña.
Diez recordó que el pasado 19 de noviembre de 2025 se realizó una marcha en reclamo de justicia, luego de que trascendiera que la mujer imputada se encontraba internada en el hospital zonal y a punto de recibir el alta médica, sin notificación previa a la familia ni medidas preventivas suficientes. Según relató, solo la presión mediática y social logró que la Justicia avanzara de manera transitoria.
De acuerdo con lo informado, la Jueza de Familia N.º 1 de Mercedes, Yanina Andrea Bruni Barcalá, resolvió una serie de medidas que incluyen la intervención del Servicio Local, asistencia habitacional, seguimiento médico y un perímetro de restricción de 500 metros por 180 días. No obstante, Diez considera estas disposiciones insuficientes y peligrosas.
El padre también señaló que esta decisión fue tomada en conjunto con la Jueza de Familia N.º 2, María Eugenia Reijavec, y cuestionó que se evalúe la posibilidad de que la imputada sea alojada en pensiones de ciudades cercanas como Pergamino o Junín, con tratamientos ambulatorios únicamente diurnos.
En paralelo, explicó que el Fiscal Látaro, del Departamento Judicial de Mercedes, se opuso al sobreseimiento dictado por el Juez de Garantías N.º 2, Facundo Oliva, resolución que actualmente se encuentra en instancia de Casación. Sin embargo, Diez denunció que recientemente se dejó sin efecto suspensivo una medida de seguridad, lo que podría habilitar la externación de la imputada mientras se espera el fallo definitivo.
“Todo el sistema se basa en pericias médicas de la imputada, pero se olvidan de que hay una víctima: una nena de siete años”, expresó Diez, quien afirmó que se ve obligado a contratar peritos privados y asumir costos que el Estado no cubre, mientras vive en permanente estado de alerta.
El padre relató además situaciones que calificó como revictimizantes por parte de organismos locales y manifestó su temor de que, ante una eventual liberación, la imputada pueda volver a intentar acercarse a la menor. “¿Quién protege a mi hija?”, se preguntó reiteradamente durante su testimonio.
Finalmente, Diez hizo un llamado directo a la Justicia para que priorice el interés superior del niño y evite, según sus palabras, “que ocurra otra tragedia evitable”.
Agradeció el acompañamiento de la comunidad de Nueve de Julio y de distintos puntos del país, y reiteró su pedido de una internación prolongada o una medida de seguridad efectiva que garantice la integridad de su hija.
Agencia MTR