El Gobierno está llevando a cabo una auditoría de pensiones de discapacidad a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Se han enviado más de 550.000 notificaciones para contactar a los beneficiarios, pero solo se ha logrado comunicarse con 280.000 personas.
La auditoría ha revelado que en 220.000 casos no se encontraron domicilios y en 50.000 casos no pudieron consignar la entrega de documentación debido a inaccesibilidad, rechazos, vacaciones y plazos vencidos. Como resultado, 270.000 pensiones podrían ser suspendidas debido a la falta de contacto con los beneficiarios.
La posible suspensión se debe a la falta de corroboración de la discapacidad y la presunción de que algunos beneficiarios no viven en Argentina. El Gobierno planea cruzar la base de datos con registros de Migraciones para verificar la situación de los beneficiarios.
La auditoría continuará y se enviarán notificaciones pendientes a más de 110.000 personas. La respuesta de los beneficiarios será evaluada para determinar la suspensión de pagos.
Agencia MTR