El Gobierno Nacional anuncio la disolución de la Unidad Especial de Investigación (UEI) mediante el decreto 727/2024, que deroga la normativa 715 promulgada en junio de 2004 bajo la presidencia de Néstor Kirchner.
Esta medida marca el final de una unidad que, durante dos décadas, tuvo como objetivo la búsqueda y restitución de identidad a los menores desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina.
Según el decreto, la disolución se basa en la argumentación de que la UEI mantenía un “acceso directo e irrestricto” a información y documentación que debería ser exclusiva del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. El Gobierno considera que estas facultades violan los principios establecidos por la Constitución Nacional, específicamente los artículos que protegen la privacidad y el debido proceso legal.
El decreto también pone en cuestión la legalidad de la intervención de la UEI en la investigación de crímenes de lesa humanidad, argumentando que tales responsabilidades deberían recaer exclusivamente en el Ministerio Público Fiscal y en la nueva “Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado” creada dentro de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
La disolución de la UEI ha sido objeto de un fuerte rechazo por parte de Abuelas de Plaza de Mayo, quienes temen que esta medida ralentice y complique la búsqueda de los nietos desaparecidos. La organización, que ha jugado un papel crucial en la búsqueda y restitución de identidad durante los últimos 32 años, advirtió que esta decisión será perjudicial tanto para la ciudadanía como para la justicia, además de representar un gasto innecesario para el Estado.
Abuelas de Plaza de Mayo sostienen que la UEI, como auxiliar de la Justicia, evitaba la necesidad de citaciones judiciales y garantizaba la confidencialidad de los procesos, algo que consideran esencial para proteger a los involucrados y mantener la eficacia de las investigaciones. La organización denunció que la eliminación de la UEI obstaculizará el acceso a justicia y afectará gravemente el progreso en la restitución de identidad de los menores desaparecidos.
En una declaración pública leída durante una de sus marchas, Abuelas criticaron al Gobierno por “destruir todo lo que se ha construido para esta búsqueda”, subrayando que la política de derechos humanos en Argentina ha sido un ejemplo internacional. Destacaron que ningún gobierno democrático anterior había cuestionado la búsqueda de niños y niñas desaparecidas, y manifestaron su preocupación por las implicaciones de esta nueva política.
727Contexto Histórico
La Unidad Especial de Investigación fue establecida en 2004 para apoyar a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) en su misión de identificar y devolver la identidad a los hijos de desaparecidos y personas nacidas en cautiverio durante la dictadura militar. Su trabajo ha sido fundamental en el proceso de memoria, verdad y justicia, y la disolución de la UEI representa un cambio significativo en las políticas de derechos humanos en el país.
El Gobierno de Javier Milei ha argumentado que la reforma busca adecuar las estructuras legales y judiciales a los principios constitucionales, mientras que los defensores de los derechos humanos y las organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo temen que esta medida implique un retroceso en la lucha por la justicia y la reparación de las víctimas del terrorismo de Estado.
Agencia MTR