martes, marzo 19, 2024
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Cinco detenciones por el incendio y muerte de cuatro personas en una comunidad terapéutica clandestina de Pilar

Por pedido del fiscal Germán Camafreitas, el Juzgado de Garantías N° 6 de San Isidro –a cargo de Nicolás Ceballos– ordenó la detención de dos directivos, dos profesionales y una trabajadora administrativa de la comunidad terapéutica clandestina “Resiliencia San Fernando” de Pilar por la muerte tras un incendio

El martes 22 de febrero, cuatro personas murieron durante un incendio en el centro  “Resiliencia San Fernando”. El edificio no poseía ningún matafuego, ni plan de contingencia en casos de emergencia, los colchones no eran ignífugos y todas las ventanas de las habitaciones tenían rejas, impidiendo las tareas de rescate intentadas por los mismos usuarios.

Las víctimas, sobremedicados por el coctel y cantidades de psicofármacos que les suministraban, ni siquiera tuvieron la posibilidad de reaccionar ante siniestro.

Las cuatro personas fallecidas tenían entre 25 y 40 años.

Otras 22 personas internadas en la comunidad sobrevivieron, algunas de ellas quedaron con secuelas emotivas y psíquicas que agravaron su condición de salud mental.

Pocos días después, el director de la comunidad Alan Emmanuel Cambra Sarife fue detenido por orden del fiscal Germán Camafreita Steffich, a cargo de la investigación. Ahora, con el avance de la pesquisa, la justicia ordenó la detención de otras cinco personas que cumplían funciones directivas, técnicas y profesionales en el establecimiento. Las imputaciones se realizaron por 16 hechos que incluyen los delitos de homicidio, asociación ilícita, estafa y reducción a la servidumbre.

Por pedido del fiscal y orden del juez de garantías Nicolás Ceballos, fueron detenidos el codirector de la comunidad Alejandro Merenson, la vicedirectora Eliana Wadrick, la funcionaria administrativa Alejandra Machado, el psiquiatra Fabián Samsolo y la psicóloga Alejandra General.

Al momento del incendio, 26 personas con problemas de adicción estaban alojadas en la comunidad terapéutica San Fernando en condiciones de aislamiento extremo por más de 23 horas diarias, hacinamiento y sobremedicados con un mismo coctel de psicofármacos, padeciendo graves violaciones de derechos humanos.

De acuerdo a la investigación, los usuarios estaban reducidos a una condición de servidumbre, bajo voluntad de los imputados. “Las víctimas permanecieron allí medicadas y encerradas, sin las mínimas condiciones de higiene, seguridad, salubridad, en condiciones de hacinamiento y sin la alimentación requerida y adecuada, comprometiendo de esta manera la integridad física y mental, como así también la dignidad de los allí alojados quienes se hallaban en situación de extrema vulnerabilidad por sus condiciones físicas y psíquicas”, describe.

El fiscal también sostuvo que los imputados conformaron una asociación ilícita que, simulando dirigir una comunidad terapéutica, mediante engaño, ocultando que carecía de habilitación, y aprovechándose de la extrema vulnerabilidad de las víctimas, cobraban un canon por la supuesta prestación de un servicio de salud integral, que no era tal, ocasionando de esta manera un perjuicio patrimonial en las víctimas y sus familias.

En esas graves condiciones de internación, sin respetar los principios de la ley nacional de salud mental y sin contar si quiera con la habilitación para su funcionamiento, ocurrieron las muertes de los cuatro usuarios. Para la justicia, los imputados estaban al tanto de las condiciones de posibilidad para que un hecho así ocurriera y, sin embargo, permanecieron indiferentes al padecimiento de las víctimas.

Con distintos roles en la comunidad y en calidad de coautores, los directivos Alan Cambra, Alejandra Merenson y Eliana Wadrick, y la funcionaria administrativa Alejandra Machado están acusados de los delitos de homicidio, reducción a la servidumbre, asociación ilícita y estafas. Los profesionales médicos Fabian Samsolo y Alejandra General están acusados por los mismos delitos, con la excepción de las estafas.

El hecho pone al desnudo que hay reiteradas denuncias y falta de controles estatales sobre los dispositivos de salud mental, que permiten que estas comunidades sigan funcionando al margen de la ley. No se sabe con certeza cuál es la cantidad de comunidades terapéuticas que funcionan en la provincia ni en qué condiciones lo hacen. En esa situación de abandono, los internos en este tipo de comunidades están en riesgo permanente.

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