Negligencias de un proceso que terminó con la muerte de una joven mamá y su gestación

Una muchedumbre como jamás vivió la historia de Nueve de Julio se agolpó a un Tribunal Judicial con aplausos y mensajes de justicia. Fue hace un mes. La imagen fue fuerte e impacta en el recuerdo reciente, ya que el 99% de las asistentes eran mujeres cuyo compromiso institucional fue de firmeza, conforme lo han demostrado a lo largo de la historia, proponiendo un mejor funcionamiento de las instituciones en favor de su cuidado y protección. Y un femicidio las sensibilizó más ya que son potenciales blanco de celos desmedidos, psicópatas o violentos que intentan arrastrarlas a sus deseos, soslayando sus sentimientos propios, sonrisas alegres, llantos e impulsos canalizadores de otras inquietudes.

Hace este 12 de octubre un mes, y también en fin de semana, que moría Micaela Zalazar víctima de un feminicida y de un sistema judicial que no protegió como debió.

Esa exteriorización de hace 31 días, en plena pandemia, invitó al observador a investigar las razones por las cuales se ponía la lupa en el Juzgado de Paz del distrito.  Si ello era un eslabón de una caminata donde afloraron aplausos y las únicas palabras fueron Justicia..Justicia..Justicia! o por el contrario, la intuición les hacía presentir que algo falló. La intuición femenina estaba a flor de piel.

Y esa percepción de mujeres en masa, mirando las movilizaciones de la entonces denunciante, Micaela Zalazar en pedido de ayuda, surge con claridad que el accionar jurisdiccional no se cumplimento con los recaudos de ley en el marco del denominado debido proceso como tampoco la contención a una mujer que de manera desesperada – y como podía – pedía ayuda, y a su vez tenía que proteger a sus pequeños hijos.

Hacía malabares emocionales buscando que ‘alguien’ le ponga freno a un violento que lo aceptaba en el marco de una sana convivencia y relación de discusiones o diferencias pero con límites. Y esos puntos o líneas no fueron advertidas por quienes ponen en funcionamiento el sistema en nombre de la ley que permitieron que el victimario sobrepasare. Y esa ayuda era por su impotencia donde todos los recursos propios no fueron suficiente.

El sistema que se activó ante una denuncia de género debió ser tratado con la seriedad del bombero al siniestro. Ir con urgencia al lugar del hecho y circunscribir el foco ígneo hasta reducirlo a polvo.

Las negligencias redujeron a cenizas a dos seres vivos llenos de amor y ganas de vivir. Uno, que con sus latidos y cumpliendo el ciclo natural de gestación se convertía en el combustible movilizador de una madre, para nuevos bríos.

Todo se desvaneció por no mirar con atención que una denuncia de género debe ser meritada con compromisos de 24 horas. Y quizás sean los cambios de metodología para cumplir con los ordenamientos vigentes.

Del expediente surge que Micalea denuncia en octubre del año 2019 – hace 365 días –  que es golpeada por un hombre violento que por trabajar a 100 km., llegaba los fines de semana dispuesto a alcoholizarse con ingesta de estupefaciente incluido. Desde entonces los frenos inhibitorios se desmadraban y el cuerpo alegre de sonrisa cálida y joven madre afable, se convertía en saco de goles y sus órganos internos eran la arena de los mismos.

Para el feminicida, el cuadrilátero de práctica era, a las descargas de sus miserias, no el ring con reglas a cumplir donde un árbitro estaba a tiempo de limitar acciones antideportivas y un jurado evaluaría el compromiso con el deporte. Las corridas desesperadas de la mujer en un espacio de ausencia de cuerdas ponían al agresor sin límites en el escenario de descarga de golpes, donde la víctima buscase protección; sin ley de resguardo a la vida y cuando un tribunal tenía la posibilidad de atender esos reclamos, el sistema o burocracia o negligencias, lo sobrepasaron. Su accionar fue deficiente. Y esto es lo que debe ser revisado, con responsabilidad institucional, para sugerir cambios y proponer modalidades dinámicas. Las víctimas de violencia de género lo merecen, la sociedad como tejido social de contención de sus integrantes, lo ve prudente y necesario para evitar llantos y ver como una familia se desintegra.

De sus dichos en la causa, surge claramente que el caso por la violencia que conlleva más la droga, no es un número de expediente que suma en la pila de causas a resolver.

Requiere disposiciones de inmediatez y no citaciones programadas a 30 días. Si!. Un mes de respuesta con alto riesgo para quien actuó ante una decisión que se debió internalizar, tomar coraje para realizarla, animarse, ir hasta el tribunal y denunciar. Solo las golpeadas saben de lo que significa ese paso interno trascendente!… Y quienes reciben un relato de violencia deben luchar contra una burocracia de sistema que debe ser revisada si es que realmente se trabaja en procura de ‘darle solución a la gente’.  Pero mientras tanto, movilizar lo que esté al alcance para respuestas rápidas, es un camino válido.

Treinta días para una audiencia pone en claro que se atiende más la prolijidad de la numeración del expediente a cargar en el sistema, que el contenido que pide a gritos intervención inmediata.

Y si en ese derrotero de rapidez se evidencia una falsa denuncia, actuar en consecuencia para que no se piense que el sistema es usado en resguardo de intereses de otra naturaleza, y activar el proceso penal de esa falsa denuncia.

De la causa se infiere que el victimario, Renzo Pancera, fue citado dos veces a tribunales. Nunca compareció – conforme el expediente – y lo curioso es que la segunda vez no se lo citó ‘bajo apercibimiento de comparecer por la fuerza pública.

Las negligencias en un procedimiento no deben poner a la defensiva a un magistrado. Por el contrario deben darle amplitud de análisis para comprender las mejoras, no solo como director de un proceso y ‘gerente’ del juzgado que conduce, que va más allá de la firma que trasciende, sino para elevar eficacia a las resoluciones . Y las instancias de violencia de género requieren resoluciones inmediatas a costa de yerros a enmendar como una perimetral que en febrero se firma con fecha final a enero. Error material, que se subsanó. Fue yerro formal. Pero un equívoco por no comprender la importancia de una denuncia, cuesta más de una vida.

A 31 días de aquel suceso se conoce que en lo que va del año han fallecido por violencia de hombres contra las mujeres 186, madres, novias, esposas, jóvenes con vidas y compromisos por delante.

Un diputada bonaerense con domicilio en la región, se interioriza sobre posibles negligencias procesales para evitar que haya una nueva víctima por torpeza de un sistema que debe atender todas las causas con intereses distintos, pero al mismo tiempo, sin comprender que la resolución de una sucesión puede esperar 30 días, pero no la citación a un violento para ordenar una perimetral o freno ante una denunciante de violencia de género.

A este mes de ese triste episodio que cobró dos vidas, y que movilizó a Nueve de Julio y el país, sigue abierto en busca de justicia.