Todo un año llevó a los Concejales investigar las obras y sobreprecios que significó la inversión en el predio de la familia Locatelli – Ruta 5 km 262- donde funcionó el Matadero Municipal, tras haberse decidido el traslado de su tradicional anclaje en Agustín Álvarez y Compairé.
Tras la asunción de Mariano Barroso fue decisión política de hacer una investigación ante el arribo a una comuna ‘devastada’, dio por los propios funcionarios recién asumidos.
Al comienzo del trabajo, los jefes de bancadas declararon que se presentaría un informe en conjunto y si un juez debía investigar lo hecho, así se haría, en alusión que se le enviaría la resolución, por entender que había graves irregularidades.
A fines del año pasado, el único bloque que presentó un informe fue el FpV-JP. Lo explicitado da cuenta que hubo irregularidades de tal magnitud, que deben ser revisadas por un juez penal. Desde entonces a la fecha, no hay posturas uniformes. La UCR, quiere un dictamen light y archivar las actuaciones. El PRO, que lo resuelva el Ejecutivo Municipal, en caso de no acuerdo unánime. El GEN, que se archive por prescripción y el Bloque Peronista, guarda silencio. Pide transparencia pública de los funcionarios en recientes declaraciones, pero en esta comisión, sobre tema ex -matadero, no tiene opinión concreta.
El justicialismo, teniendo como referencia la investigación, las palabras de testigos y un informe del entonces Jefe de Gabinete, Marcelo Gago, señalando que lo hecho debió judicializarse, hacen fuerte su posición que una Unidad Funcional de Instrucción de Mercedes, investigue.
En las dos últimas reuniones de los días martes, y ante la imposibilidad de un dictamen único, se concluyó que todo vaya al recinto y se ventile en ese espacio. Cualquiera sea la votación, el FpV PJ, enviará su informe a la justicia. Quien encabezará la denuncia penal será el exjefe Comunal. Al ex -intendente, trascendió ahora, una vez iniciada la denuncia penal, se le hará un juicio por daños y perjuicios al erario público del distrito de Nueve de Julio, están altamente convencidos – y pruebas recabadas- que su proceder se apartó de la ley, y no sólo en el ex-matadero. La lista la integran funcionarios de entonces y actuales concejales. Todos irán a los tribunales. Desde Cambiemos no pueden torcer esta decisión justicialista, y una vez judicializado el tema, los nombre de los involucrados se conocerán públicamente. Hace a la publicidad de los actos de gobierno, también lo son las causas del Poder Judicial…Y es lo que se quiere ‘tapar.
Agencia MTR