Cada 2 de julio se recuerda la entrada en vigencia de la Ley 26.743 de Identidad de Género, una norma que convirtió a la Argentina en un país pionero en el reconocimiento del derecho de todas las personas a ser identificadas y tratadas de acuerdo con su identidad de género autopercibida.
La ley marcó un antes y un después al reconocer que la identidad es un derecho humano y que el respeto debe ser garantizado por el Estado y por toda la sociedad. Sin embargo, el desafío sigue vigente: construir una convivencia basada en el respeto no depende únicamente de las normas, sino también de nuestros hábitos cotidianos.
Una de las formas más invisibles de violencia es la que se ejerce a través del lenguaje. Expresiones como “la puta madre”, “pelotudo”, “boludo”, “idiota”, “maricón”, “nenaza”, “andá a lavar los platos”, “parecés una mujer” o tantas otras que utilizamos casi sin pensar forman parte de una cultura que muchas veces normaliza la descalificación, el machismo, la misoginia o el desprecio hacia quienes son diferentes.
No se trata de prohibir palabras ni de limitar la libertad de expresión. Se trata de tomar conciencia de que el lenguaje construye realidades. Las palabras pueden herir, excluir y reproducir prejuicios, pero también pueden educar, incluir y generar respeto.
Erradicar la violencia de género comienza mucho antes de una agresión física. Empieza cuando dejamos de utilizar insultos que degradan a las mujeres, ridiculizan a los varones por no responder a estereotipos de masculinidad o desprecian a las personas por su identidad o expresión de género.
El cambio cultural empieza en la familia, en la escuela, en los medios de comunicación, en las redes sociales y en cada conversación cotidiana. Revisar cómo hablamos es un primer paso para construir una sociedad donde el respeto sea una práctica diaria y no solo un principio escrito en una ley.
Recordar la Ley 26.743 no debe ser únicamente un ejercicio de memoria jurídica. Debe ser una invitación a preguntarnos qué sociedad queremos construir y qué responsabilidad tiene cada uno de nosotros para hacerlo posible.
Porque las leyes abren el camino, pero son las personas, con sus acciones y sus palabras, quienes hacen realidad una convivencia libre de violencia y basada en el respeto por la dignidad de todos.
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