Hubo una frase que Omar Malondra repitió durante años y que muchos vecinos de Nueve de Julio aún recuerdan de sus tiempos al frente de la Cooperativa Mariano Moreno, y esencialmente el personal de la empresa de servicios: “La ley soy yo”.

No era solamente una expresión. Era una forma de ejercer el poder. Quienes compartieron aquellos años recuerdan, incluso, episodios en los que fumaba en espacios públicos cerrados, ignorando la legislación vigente que ya prohibía hacerlo para proteger la salud de terceros. Hasta llegó a exhalar humo en el rostro de mujeres embarazadas, en una actitud que reflejaba una convicción preocupante: las normas parecían no aplicarle.

Esa conducta, que muchos interpretaron entonces como un gesto de soberbia y de desprecio por los límites, hoy adquiere otra dimensión a la luz de la sentencia del Juzgado Correccional N° 1 de Mercedes.

La jueza Claudia Esquivel declaró culpable a Malondra por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública y de la Cooperativa de los nuevejulienses; y al mismo tiempo, absolvió al entonces tesorero Alfredo Poggi y a la secretaria Carmen Castagnino.

Más allá de que los fundamentos completos permitirán un análisis más profundo, la resolución – de 66 páginas -deja una lectura que resulta inevitable: el tribunal entendió que la maniobra tuvo un conductor claramente identificado. La responsabilidad penal recayó exclusivamente sobre quien presidía la cooperativa.

No parece casual que la magistrada haya diferenciado el rol de Malondra del de los otros imputados.

La absolución de Poggi y Castagnino podría interpretarse como que no quedó acreditado que comprendieran plenamente el alcance de las decisiones y de las firmas que estampaban, mientras que respecto de Malondra la jueza consideró probado que fue quien diseñó y ejecutó el engaño para incorporar a la empresa Sutec y posibilitar el desvío irregular de fondos públicos.

Es una conclusión que, de algún modo, dialoga con aquella vieja imagen del dirigente que concentraba el poder y las decisiones.

Durante el juicio, según destacó el abogado de la Cooperativa como particular damnificada, Franco Rossello, quedó demostrado el control que Malondra ejercía sobre la institución y el papel central que desempeñó en la operatoria investigada. Esa valoración encontró eco en el veredicto de culpabilidad.

La condena —tres años de prisión de ejecución condicional y reglas de conducta que incluyen no concurrir a la Cooperativa y tareas comunitrias o donar pañales al Hispotal— no sólo tiene consecuencias penales. También deja una enseñanza institucional.

Las organizaciones funcionan cuando existen controles, contrapesos y respeto por las normas. Cuando alguien comienza a convencerse de que su voluntad está por encima de la ley, el riesgo de confundir los intereses personales con los de la institución crece peligrosamente.

Paradójicamente, aquella frase pronunciada con aire de autoridad termina hoy adquiriendo un significado muy distinto.

Nadie es la ley. Y precisamente para demostrarlo existen los tribunales de justicia.

La sentencia aún no está firme y tanto la defensa como la particular damnificada anunciaron que apelarán.

Pero el mensaje institucional ya quedó planteado: cuando el personalismo reemplaza a las reglas, tarde o temprano llega el momento en que las reglas vuelven a imponerse.