Un grupo de jubiladas y pensionadas municipales de Nueve de Julio expuso su preocupación por la situación económica que atraviesa el sector durante una presentación realizada en la Banca Ciudadana, conocida como Banca 19, del Concejo Deliberante.
La intervención estuvo encabezada por cinco exmunicxipales que se autoconvocaron y que esta tarde oficiaron como voceras: Teresita Bordone, Diana Chiesa, Adriana Segovia, Isabel Salomón y Dolores Aprais.
Durante su exposición, las representantes del sector explicaron que solicitaron el uso de la banca ciudadana con el objetivo de alertar sobre las consecuencias que, según sostienen, están generando las decisiones adoptadas por el Departamento Ejecutivo y acompañadas por el Concejo Deliberante en materia salarial y previsional.
Las jubiladas remarcaron que la situación de los pasivos está estrechamente vinculada a la de los trabajadores activos municipales, debido a que los aumentos otorgados por el Instituto de Previsión Social (IPS) dependen directamente de los incrementos salariales incorporados al sueldo básico de los empleados en actividad.
“Si no se aumenta el salario básico de los trabajadores activos, los jubilados tampoco recibimos mejoras”, señalaron.
Críticas a la política de bonos
Las expositoras cuestionaron la utilización de bonos y sumas no remunerativas como mecanismo de actualización salarial, argumentando que estas medidas deterioran los ingresos tanto de los trabajadores activos como de los jubilados.
Indicaron que los bonos no impactan en conceptos como antigüedad, adicionales por título o tareas específicas, ni tampoco generan aportes previsionales, lo que termina afectando la sustentabilidad del sistema y las futuras jubilaciones.
Según explicaron, durante 2024 y 2025 advirtieron reiteradamente sobre las consecuencias de esta modalidad, señalando que la demora en incorporar los incrementos al salario básico terminaría generando menos aportes al sistema previsional y una situación de creciente vulnerabilidad para quienes acceden al beneficio jubilatorio.
En ese sentido, afirmaron que durante 2025 percibieron un incremento acumulado del 27%, cuando el presupuesto municipal contemplaba una actualización del 40%. Además, señalaron que parte de esos porcentajes correspondían a incrementos pendientes de incorporación al básico desde el año anterior.
Una canasta básica que supera el millón ochocientos mil pesos
Las jubiladas también hicieron referencia a datos elaborados por la Defensoría de la Tercera Edad, coordinada por Eugenio Semino, según los cuales la canasta básica de una persona jubilada alcanzó en marzo de 2026 los 1.824.682 pesos.
El informe contempla gastos en medicamentos, alimentos, vivienda, servicios, transporte, vestimenta y otros consumos esenciales, reflejando —según expresaron— el creciente deterioro de las condiciones de vida de los adultos mayores.
“Los jubilados no solo siguen estando mal, sino que cada vez están peor y no existen perspectivas de mejora”, manifestaron al citar conclusiones del estudio.
Descuentos y deuda con el IPS
Uno de los puntos centrales de la presentación fue la situación generada a partir de modificaciones vinculadas a la liquidación previsional y aportes al IPS.
Las representantes del sector aseguraron que durante abril y mayo percibieron haberes con una reducción aproximada del 17% respecto de marzo, debido a ajustes vinculados a aportes y contribuciones.
Asimismo, denunciaron que los jubilados y pensionados municipales se han convertido en “deudores del IPS”, una situación que calificaron como inédita y preocupante.
“Nuestro salario ya era insuficiente y ahora debemos afrontar descuentos que reducen aún más nuestros ingresos”, expresaron.
Casos concretos
Durante la exposición se detallaron ejemplos de jubilados municipales que perciben haberes considerados insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Entre los casos mencionados se encuentra el de una jubilada que percibe alrededor de 305.000 pesos mensuales y otro beneficio que ronda los 490.000 pesos. También señalaron situaciones de pensionados que cobran cerca de 773.000 pesos mensuales, montos que consideran incompatibles con el costo actual de vida.
Las expositoras remarcaron que muchas personas mayores dependen del acompañamiento de familiares para afrontar gastos de alimentación, salud y servicios.
Pedido de diálogo
Hacia el cierre de la intervención, las jubiladas solicitaron la creación de un espacio permanente de trabajo y diálogo que incluya a trabajadores activos, jubilados, pensionados, autoridades municipales y representantes políticos.
Sostuvieron que las decisiones salariales tienen un impacto directo sobre los haberes previsionales y reclamaron ser escuchadas en los ámbitos donde se discuten estas cuestiones.
Finalmente, señalaron que la mayoría de los jubilados y pensionados municipales atraviesa una situación económica crítica y advirtieron que, por primera vez desde el retorno de la democracia, existe un número significativo de beneficiarios que mantienen deudas con el Instituto de Previsión Social.
Tras la exposición, realizada en el marco de la Banca Ciudadana, las representantes entregaron un documento completo a los concejales con el propósito de que sirva como insumo para futuras discusiones y medidas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores municipales retirados.
Agencia MTR