
Intendentes, concejales y dirigentes de distintos distritos de la costa atlántica bonaerense acordaron realizar un “frazadaso” frente al Senado de la Nación el día en que se trate el proyecto de ley que reduce el régimen de Zona Fría, iniciativa que ya obtuvo media sanción en Diputados y que podría dejar sin subsidios a 1,3 millones de usuarios de la provincia.
La decisión fue tomada durante una reunión realizada en el complejo Parque Bonito de Villa Gesell, convocada por el intendente local, Gustavo Barrera. Allí, los dirigentes consensuaron una serie de acciones para intentar frenar el avance de la propuesta impulsada por el Gobierno nacional.
Según advirtieron, la reducción del régimen implicaría incrementos de entre el 40% y el 100% en las facturas de gas para hogares actualmente alcanzados por el beneficio. En total, serían 94 distritos bonaerenses los afectados por la modificación del esquema de subsidios.
Tras el encuentro, los participantes difundieron un documento conjunto en el que calificaron la medida como “profundamente injusta, insensible y centralista” y alertaron sobre el impacto económico que tendría en las familias y las economías regionales.
“El aumento golpearía a cada familia puertas adentro, pero también al almacén, al hotel, al club, al centro de jubilados, al comercio de barrio y a cada economía local”, señalaron en el texto difundido al término de la reunión.
Los dirigentes remarcaron además que el régimen de Zona Fría “reconoce una realidad concreta” vinculada a las bajas temperaturas, la humedad y el elevado consumo de gas durante buena parte del año en amplias regiones del territorio bonaerense.
Del encuentro participaron representantes de General Pueyrredón, Tandil, General Madariaga, Balcarce, Maipú, Lobería, Pinamar, Dolores, Mar Chiquita y Necochea, entre otros municipios. También estuvieron presentes la diputada nacional Jimena López y el exintendente marplatense Gustavo Pulti.
En paralelo, el gobierno provincial encabezado por Axel Kicillof analiza la posibilidad de presentar una demanda judicial contra la medida. Desde la Provincia sostienen que el cambio en el esquema tarifario podría implicar una intromisión sobre facultades provinciales vinculadas a la regulación de tarifas, aunque esa instancia recién podría concretarse si el proyecto es aprobado por el Senado y promulgado por el Poder Ejecutivo nacional.


