La Cámara Nacional del Trabajo resolvió suspender la medida cautelar que había paralizado más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, otorgándole al Gobierno un fuerte respaldo judicial en uno de los fueros históricamente más cercanos a la protección de los trabajadores.
La decisión fue tomada por la Sala VIII, con las firmas de los jueces María Dora González y Víctor Arturo Pesino, quienes concedieron efecto suspensivo a la apelación presentada por el Estado nacional. Esto implica que, hasta que se revise el fondo del planteo, vuelven a estar vigentes los artículos cuestionados de la llamada Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802).
El presidente Milei celebró rápidamente la resolución desde sus redes sociales: “No podrán detener el crecimiento que se viene en el país. Viva la libertad carajo”, escribió en X, reflejando la euforia oficial tras un fallo que en el Ejecutivo consideraban difícil de conseguir.
La respuesta de la Confederación General del Trabajo (CGT) fue inmediata y en tono de fuerte rechazo. La central sindical sostuvo que la resolución “habilita la vigencia inmediata de normas que afectan gravemente las condiciones laborales, exponen al desamparo a millones de trabajadoras y trabajadores argentinos y atentan contra la organización sindical”.
La cautelar original había sido dictada el 30 de marzo por el juez laboral Raúl Ojeda, quien suspendió 83 artículos tras un planteo impulsado por la CGT. Entre los puntos frenados se encontraban la eliminación del principio in dubio pro operario, la flexibilización en la responsabilidad empresarial por tercerización laboral, la implementación del banco de horas en reemplazo del pago de horas extra, el fraccionamiento de indemnizaciones y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuestionado por trasladar al trabajador parte del costo de su propia indemnización.
En aquel fallo, Ojeda había justificado la cautelar al señalar que estaban comprometidos derechos humanos fundamentales y que millones de contratos laborales necesitaban certezas sobre la aplicación de la nueva normativa.
Antes de que se conociera la resolución de Cámara, el Gobierno había presentado un pedido para que la apelación tuviera carácter suspensivo. La estrategia fue impulsada por Antonio Matías Meli, abogado de la Secretaría de Trabajo, quien además cuestionó la exclusión del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y de sus subprocuradores como representantes del Estado, luego de que Ojeda los rechazara por no contar con matrícula habilitada.
En el ámbito judicial, la resolución no fue considerada ilegal, aunque sí poco habitual. Fuentes tribunalicias señalaron que, por regla general, las apelaciones contra medidas cautelares suelen concederse con efecto devolutivo, es decir, sin suspender sus efectos. Por eso, remarcaron que otorgar efecto suspensivo en este caso representa una excepción relevante.
Desde la CGT también apuntaron contra los camaristas por apartarse de la doctrina de la Corte Suprema que reconoce a los trabajadores como un sector vulnerable y de tutela preferente. Incluso recordaron que la propia reforma laboral restablecida establece que los jueces inferiores no deberían apartarse de los precedentes del máximo tribunal.
En paralelo, el Gobierno mantiene otras vías abiertas para consolidar la vigencia de la reforma. Además del recurso ante la Cámara, impulsa una inhibitoria para trasladar la causa al fuero contencioso administrativo federal, considerado más favorable para la Casa Rosada, y presentó un per saltum para que intervenga directamente la Corte Suprema.
Mientras tanto, desde el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello también celebraron la decisión, al igual que el vocero presidencial Manuel Adorni, quien aseguró que “intentaron frenarla y no lo lograron”, aunque técnicamente la Cámara no revocó la cautelar sino que suspendió sus efectos de manera provisoria.
La disputa judicial por la reforma laboral continúa abierta, pero el fallo de la Cámara representa, al menos por ahora, una victoria política clave para el oficialismo y una señal de alarma para el movimiento sindical.
Agencia MTR