
Diputados nacionales del bloque Unión por la Patria presentaron un proyecto de ley destinado a enfrentar el creciente sobreendeudamiento de los hogares argentinos. La iniciativa, denominada Régimen Esencial para el Desendeudamiento (RED), propone crear un mecanismo nacional que permita auditar, reestructurar y refinanciar las deudas de familias que atraviesan situaciones económicas críticas.
El proyecto fue presentado por los diputados Natalia Zaracho e Itai Hagman, referentes del espacio político que lidera Juan Grabois, y busca ofrecer una salida institucional a miles de familias que se encuentran atrapadas en una cadena de créditos y refinanciaciones con tasas de interés elevadas.
“Seguramente vos o alguien que conocés está sobreendeudado, ya sea con bancos, tarjetas de crédito, electrodomésticos o billeteras virtuales que muchas veces se aprovechan de la necesidad de la gente y cobran tasas altísimas”, expresó Zaracho en un video difundido en redes sociales. La legisladora sostuvo que el problema no responde a casos aislados, sino a un fenómeno extendido que golpea a millones de hogares.
El proyecto RED plantea la creación de un fondo especial de desendeudamiento financiado con recursos públicos y privados. Según explicó Hagman, el fideicomiso se integraría con contribuciones extraordinarias de empresas prestadoras de crédito y tendría como objetivo facilitar el refinanciamiento de las deudas de las familias.
“El mecanismo funciona de la siguiente manera: las personas se inscriben, informan cuáles son sus deudas, en qué condiciones fueron tomadas y cuál es su situación de morosidad. Luego se realiza un análisis para identificar cláusulas abusivas y el fondo hace una oferta para recomprar esa deuda y refinanciarla con tasas más sustentables”, detalló el economista.
Uno de los puntos centrales del proyecto establece que las nuevas cuotas nunca podrán superar el 30% de los ingresos de la persona o del grupo familiar, con el objetivo de evitar que las familias vuelvan a caer en situaciones de endeudamiento extremo.
La iniciativa se presenta en un contexto de fuerte deterioro en los indicadores de pago de créditos. De acuerdo con datos del Banco Central correspondientes a diciembre de 2025, la irregularidad en créditos personales bancarios alcanza el 12%, tres veces más que cuando asumió el gobierno de Javier Milei, cuando se ubicaba en 4,1%. En el caso de las tarjetas de crédito, la morosidad llega al 9,3%, más de seis veces el nivel registrado al inicio de la actual gestión, cuando era del 1,5%.
Para Zaracho, la discusión sobre las deudas familiares no puede desligarse del contexto económico general. “El gobierno dice que la gente se cuelga en pagar las cuotas, pero la realidad es que la gente no tiene para pagarlas. Las familias quieren cumplir con sus obligaciones, pero necesitan herramientas que les permitan reorganizar su economía”, afirmó.
El proyecto también contempla la creación de una instancia de mediación obligatoria entre los deudores y las entidades acreedoras. Durante ese proceso se suspenderían por 90 días las acciones judiciales, incluidos embargos o ejecuciones, para permitir la renegociación de las deudas en condiciones más accesibles.
Una iniciativa similar fue presentada recientemente en la provincia de Buenos Aires por la diputada provincial Ana Luz Balor. Su propuesta busca incorporar la figura del sobreendeudamiento en la Ley de Defensa del Consumidor, con el objetivo de reconocer legalmente la situación de personas que entran en una espiral de créditos para poder afrontar gastos básicos.
“Hay familias que toman una deuda para pagar otra o que recurren a préstamos para comprar alimentos y cubrir servicios esenciales. Ese es el nivel de gravedad del problema”, explicó Balor al presentar el proyecto.
Los impulsores sostienen que el sobreendeudamiento ya no es un problema individual sino un fenómeno social que requiere una respuesta estatal. Con el RED, buscan establecer un mecanismo que permita aliviar la carga financiera de los hogares y evitar que la crisis económica continúe profundizando la vulnerabilidad de millones de familias.


