Este jueves, el Senado de la Nación podría tratar la modificación de la Ley 26.639, lo que ha encendido las alarmas de especialistas y organizaciones socioambientales. La Lic. Laura Isla Raffaele, docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, alertó que la propuesta “pone en riesgo uno de los marcos legales de protección hídrica más importantes del país”.
Sancionada en 2010, la Ley 26.639 establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, que incluye glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros, considerados fundamentales como reservas estratégicas de agua dulce. “Los glaciares almacenan agua en forma de hielo y la liberan durante los períodos secos, lo que permite el sostenimiento de ríos, poblaciones y actividades productivas. Sin estos aportes, muchas regiones áridas no podrían sostener su vida ni su economía”, explicó Isla Raffaele.
El proyecto de modificación redefine qué glaciares quedarían bajo protección y otorga a las provincias la facultad de determinar cuáles cuerpos de hielo cumplen con estas funciones. Esto desplazaría el rol técnico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que depende del CONICET.
“Es extremadamente riesgoso trasladar la decisión del ámbito científico a autoridades provinciales que pueden tener intereses económicos vinculados a la expansión minera”, sostuvo la especialista, quien advirtió que las provincias podrían incluso solicitar la exclusión de ciertos glaciares del inventario, eliminando su protección legal.
Desde su sanción, la Ley de Glaciares ha enfrentado la resistencia del sector minero, que busca habilitar la actividad extractiva en zonas con cuerpos de hielo debido al impacto de las obras y el movimiento de suelos. La modificación de la ley, según la Lic. Isla Raffaele, busca habilitar más proyectos mineros en zonas periglaciares, especialmente en provincias como San Juan, Mendoza, Salta, Jujuy y Catamarca, que tienen un fuerte desarrollo minero.
La especialista ya había expuesto en diciembre ante las comisiones del Senado, donde enfatizó que las provincias no deben tener la capacidad de degradar ecosistemas que son esenciales para el bienestar de la sociedad. Además, destacó que el impacto sobre los glaciares trasciende las fronteras políticas y no debería ser decidido a nivel local.
Isla Raffaele también señaló la contradicción de promover la transición energética, mientras se flexibiliza la principal ley que protege las reservas de agua vulnerables al calentamiento global. “El agua es un recurso vital y estas reservas tardaron miles de años en formarse. Si los glaciares se destruyen, no hay forma de recuperarlos”, concluyó.
Agencia MTR