La ejecución presupuestaria nacional cayó 34% real a junio y profundiza el ajuste sobre áreas sociales
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) difundió un nuevo informe sobre la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) correspondiente a junio de 2026, en el que advierte que el gasto total registra una caída real del 34% en comparación con igual período de 2023, consolidando un fuerte sesgo contractivo de la política fiscal.
Aunque el ejercicio presupuestario aún se encuentra en curso, el relevamiento permite observar la orientación del gasto durante el primer semestre del año. El documento señala que el ajuste impacta especialmente sobre políticas de salud, educación, ciencia, desarrollo social, infraestructura y producción, mientras que algunas partidas específicas muestran incrementos.
Entre ellas se destaca la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, cuya ejecución presupuestaria aumentó un 17% en términos reales. Asimismo, los Servicios de la Deuda Pública concentraron el 13% del gasto total ejecutado, reflejando el peso que mantienen los compromisos financieros dentro del presupuesto nacional.
En materia sanitaria, el informe registra fuertes reducciones en organismos y programas estratégicos. La Superintendencia de Servicios de Salud presenta una caída del 64%, mientras que los hospitales nacionales muestran bajas que oscilan entre el 17% y el 44%. También se reducen las partidas destinadas al Instituto Malbrán (-32%) y a la ANMAT (-42%), al tiempo que diversos programas de prevención y atención sanitaria exhiben recortes de hasta el 100%. Como excepción, el INCUCAI incrementó su ejecución un 68% real.
El área de ciencia y tecnología también figura entre las más afectadas. El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación registra una caída del 88%, mientras que el CONICET reduce su ejecución un 35% y la CONAE un 64%. También disminuyen los recursos destinados al Servicio Geológico Minero Argentino (-31%), la Fundación Miguel Lillo (-36%), la CONEAU (-35%) y el Servicio Meteorológico Nacional (-33%).
En seguridad social y desarrollo social, el informe muestra una disminución del 15% en la ejecución de la ANSES y fuertes ajustes sobre programas sociales. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia cae un 75%, el INAES un 82% y el programa de Economía Social deja de registrar ejecución (-100%). También se reducen significativamente el Plan Nacional de Primera Infancia (-93%), el Plan Nacional de Protección Social (-99%), los fondos para Comedores Comunitarios y Merenderos (-65%) y la Prestación Alimentar (-37%).
La educación concentra algunos de los recortes más pronunciados. Los programas Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente registran una ejecución nula respecto de 2023 (-100%). También disminuyen las partidas para becas estudiantiles (-83%), formación docente (-90%), infraestructura y equipamiento educativo (-96%) y desarrollo de la educación superior (-31%).
El ajuste alcanza además al desarrollo productivo y energético. La Comisión Nacional de Energía Atómica reduce su ejecución un 50%, mientras que la Autoridad Regulatoria Nuclear cae un 26%, el ente regulador de gas y electricidad un 35% y el organismo regulador de seguridad de presas un 34%.
Las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas también presentan reducciones presupuestarias: Policía Federal (-34%), Gendarmería (-30%), Prefectura Naval (-32%), Ejército (-16%), Armada (-19%) y Fuerza Aérea (-27%).
En transporte y obra pública, el informe describe una ejecución “extremadamente baja”, con caídas que van del 84% al 100% en programas vinculados con infraestructura vial, pavimentación, obras hidráulicas, túneles y puentes.
Las transferencias a provincias y municipios también muestran un fuerte ajuste. La Cooperación y Asistencia Técnica a Municipios disminuye un 97%, mientras que el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires registra un recorte total del 100%.
Para CEPA, la evolución de la ejecución presupuestaria durante el primer semestre de 2026 confirma una estrategia de reducción del gasto público que impacta de manera transversal sobre políticas sociales, sanitarias, educativas, científicas y de infraestructura. En contraste, el aumento de los recursos destinados a Inteligencia y el peso sostenido del pago de la deuda reflejan las prioridades que adopta la política fiscal nacional durante el presente ejercicio presupuestario.
Agencia MTR