A cinco años de su sanción, el Plan de los 1.000 Días se consolidó como una de las políticas públicas centrales en materia de salud materno-infantil. La ley, aprobada por unanimidad por el Senado a fines de 2020, amplió derechos y fortaleció la cobertura estatal durante el embarazo y los primeros tres años de vida, una etapa clave para el desarrollo integral.
Desde su implementación, la normativa permitió extender la Asignación Universal por Embarazo (AUE) a nueve meses, garantizando ingresos durante toda la gestación, y sumó la Asignación por Cuidado de Salud Integral, un refuerzo anual destinado a niñas y niños menores de tres años. Además, amplió el acceso a los pagos por nacimiento y adopción para titulares de la AUH, incorporando a sectores históricamente excluidos.
Otro de los ejes centrales fue la provisión gratuita de insumos esenciales, como medicamentos, suplementos nutricionales y controles de salud, articulando programas nacionales y provinciales. Esta coordinación buscó reducir desigualdades en el acceso al sistema sanitario y acompañar de manera integral a las personas gestantes y a las infancias.
A cinco años de su puesta en marcha, el Plan de los 1.000 Días es valorado como una herramienta clave para la prevención, el cuidado y la ampliación de derechos, aunque especialistas y organizaciones sociales señalan la importancia de sostener su financiamiento y fortalecer su implementación territorial para garantizar que sus beneficios lleguen efectivamente a todo el país.
Agencia MTR