Las entidades rurales que integran la Zona 8 de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresaron su rechazo a la implementación de las Resoluciones Generales Nº 20/2025 y Nº 05/2026 de la Dirección General de Rentas de La Pampa, al considerar que trasladan responsabilidades de fiscalización al contribuyente y generan nuevas dificultades para la actividad productiva.
A través de un comunicado llamado Como siempre del Mismo Lado, El Pueblo, las entidades señalaron que si bien acompañan los procesos de modernización de los mecanismos de control tributario, cuestionan que el nuevo sistema obligue a los productores a justificar y acreditar permanentemente información vinculada a su actividad, aun cuando muchos de los datos ya se encuentran disponibles para el organismo recaudador mediante cruces automáticos de información.
Desde el sector agropecuario remarcaron que la preocupación es mayor debido a las particularidades propias de la producción rural. Indicaron que los ciclos productivos, las ventas estacionales, los plazos de cobro y las condiciones económicas del campo no siempre pueden ajustarse a parámetros automáticos uniformes, por lo que la utilización de coeficientes generales podría derivar en observaciones injustificadas y en un incremento de los trámites administrativos.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al Certificado de Cumplimiento Fiscal, creado por la Resolución General Nº 05/2026. Según sostienen, aunque oficialmente el sistema no contempla sanciones, la existencia de observaciones podría impedir la obtención de dicho certificado, requisito necesario para realizar numerosos trámites y gestiones ante distintos organismos.
“Lo que se presenta como una herramienta de control termina generando consecuencias concretas para los contribuyentes”, advirtieron las entidades rurales.
En el mismo sentido, consideraron que el fortalecimiento de los controles fiscales podría haberse instrumentado mediante mecanismos menos conflictivos, utilizando el sistema como una herramienta interna de análisis de riesgo y estableciendo instancias previas de advertencia y regularización voluntaria. Además, reclamaron parámetros más flexibles que contemplen las características de cada actividad y la realidad económica de la provincia.
Las entidades también señalaron que estas medidas se suman a años de retenciones, percepciones y pagos a cuenta que, a su entender, obligan a los contribuyentes a financiar anticipadamente al Estado, afectando la producción, la inversión y el desarrollo económico provincial.
“La modernización del Estado debe traducirse en más eficiencia y menos burocracia. No puede consistir, una vez más, en trasladar mayores cargas administrativas a quienes producen, trabajan e invierten en La Pampa”, expresaron.
Finalmente, solicitaron la revisión de las resoluciones y la apertura de una instancia de diálogo con los sectores productivos y profesionales involucrados para encontrar mecanismos de control compatibles con la realidad económica provincial y el respeto a los contribuyentes.
Asimismo, recomendaron a productores y contribuyentes mantenerse informados y consultar con asesores contables y legales ante cualquier observación o requerimiento derivado de estos sistemas, utilizando todas las herramientas administrativas y jurídicas previstas por la normativa vigente.
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Agencia MTR