El presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Luis Colao, expresó su firme rechazo a un proyecto de ley que busca desregular la actividad inmobiliaria en territorio bonaerense y permitir que cualquier persona física o jurídica pueda intervenir en operaciones del sector sin contar con formación profesional específica.

En diálogo en el programa líder de la mañana nuevejuliense de Cadena Nueve, Visión Plus TV y Máxima 89.9, Luis Colao calificó la iniciativa como “un disparate” y aseguró que la propuesta implica un serio riesgo para la seguridad jurídica de los ciudadanos.

“Es un oximorón decir que se va a desregular algo que ya está desregulado. Hoy cualquier propietario e inquilino pueden celebrar un contrato sin necesidad de una inmobiliaria. Nosotros no somos sujetos obligados en una operación, sino profesionales a los que las personas recurren cuando necesitan asesoramiento especializado”, explicó.

El dirigente recordó que el debate sobre la desregulación de las profesiones ya fue planteado en la década de 1990 por Domingo Cavallo y que la Justicia determinó que la regulación y control de las actividades profesionales corresponde a las provincias.

Según Colao, el proyecto impulsado por un grupo de legisladores de La Libertad Avanza habilitaría que cualquier persona o empresa pueda desarrollar tareas de intermediación inmobiliaria sin capacitación ni controles, lo que abriría la puerta a maniobras fraudulentas. De 20 representanets solo 7 llevan adelanta esta propuesta.

“Se estaría creando el mundo ideal para las estafas. Cualquiera podría abrir una oficina, tomar reservas o señas y luego desaparecer sin que exista un responsable profesional al que reclamarle”, sostuvo.

El antecedente de las estafas en alquileres turísticos

Durante la entrevista, Colao puso como ejemplo las estafas que suelen registrarse durante la temporada de verano en la Costa Atlántica, donde muchas personas contratan alojamientos a través de redes sociales y descubren al llegar que las propiedades no existen o no estaban disponibles.

“Trabajamos mucho en campañas de prevención. Tuvimos más de 14 millones de visualizaciones en publicaciones alertando sobre estafas en alquileres temporarios. También firmamos convenios con municipios y con la Procuración General para abordar esta problemática”, señaló.

En ese sentido, remarcó que la intervención de un martillero matriculado brinda garantías, ya que el profesional verifica la existencia del inmueble, la documentación correspondiente y asume responsabilidades frente a los clientes.

“Cuando una persona entrega una reserva o una seña no está dejando solamente dinero; está depositando sus ahorros, sus proyectos y muchas veces las ilusiones de toda una vida”, afirmó.

“La confianza no puede reemplazarse”

Colao destacó que el rol del martillero excede ampliamente la publicación de una propiedad y la colocación de un cartel de venta.

“Realizamos tasaciones profesionales, estudios de títulos, asesoramiento sobre el mercado, gestión de créditos y acompañamiento durante todo el proceso. Para eso tenemos formación universitaria y capacitación permanente”, indicó.

Asimismo, consideró que la confianza sigue siendo uno de los principales activos de la profesión.

“El profesional tiene que transmitir confianza. No se puede reemplazar ese vínculo por alguien sin formación ni controles. Las operaciones inmobiliarias involucran patrimonios muy importantes y requieren respaldo profesional”, expresó.

Experiencias internacionales

El titular del Colegio de Martilleros bonaerense también mencionó experiencias internacionales para respaldar su postura.

“En países como Chile, donde el mercado está completamente desregulado, hoy se están reclamando mayores controles por el aumento de las estafas. Lo mismo ocurre en otros lugares donde se avanzó con esquemas similares y luego se intentó volver atrás”, aseguró.

Defensa del sistema profesional

Colao recordó que el sistema de colegiación profesional está contemplado en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y que la actividad involucra a más de 12.000 profesionales que generan empleo directo e indirecto para unas 200.000 familias bonaerenses.

“Estamos manteniendo reuniones con distintos sectores políticos para evitar que este proyecto avance. Creemos que no prosperará porque afecta intereses legítimos, la seguridad jurídica y el sistema previsional de nuestra profesión”, señaló.

Finalmente, cuestionó la necesidad de impulsar cambios en un esquema que, a su entender, funciona adecuadamente.

“Si algo funciona, ¿para qué modificarlo? Hay cuestiones mucho más importantes para resolver. Este proyecto genera incertidumbre y preocupación en un sector que cumple una función esencial para miles de familias”, concluyó.