Un vecino de Trenque Lauquen presentó una carta abierta dirigida a los presidentes de bloque del Concejo Deliberante de Trenque Lauquen —UCR + Diálogo, Fuerza Patria y La Libertad Avanza— en la que exige el cumplimiento de la obligación legal de denunciar presuntos delitos de acción pública y solicita sanciones políticas contra el presidente del cuerpo legislativo, Esteban Vidal.
El planteo se apoya en el artículo 287 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, que establece la obligación de los funcionarios públicos de denunciar delitos perseguibles de oficio cuando toman conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones, así como en el artículo 248 del Código Penal, referido al abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos.
Según expone el mensaje de Miguel Vidal, diecisiete concejales habrían tomado conocimiento de hechos que podrían encuadrarse en esa figura penal, vinculados al accionar del presidente del cuerpo que integran. El vecino sostiene que existen elementos suficientes para configurar una “notitia criminis”, es decir, la noticia formal de un hecho presuntamente delictivo que obliga a intervenir a la Justicia.
La presentación menciona como antecedente la Carta Abierta titulada “El Testudo del Poder Político”, ingresada al cuerpo deliberativo el lunes 27 de abril, donde —según afirma— se habrían aportado pruebas contundentes sobre la posible comisión del delito tipificado en el artículo 248 del Código Penal.
Además, cuestiona el desarrollo de la 4° Sesión Ordinaria celebrada ese mismo día, donde Vidal habría reiterado conductas consideradas irregulares por el autor del escrito. Entre ellas, se señala la supuesta restricción y ocultamiento de información pública a la comunidad, afectando el derecho a la información, la libertad de expresión y la difusión de ideas.
También se le atribuye el incumplimiento del artículo 40 del Reglamento Interno del HCD por no haber conformado una Comisión Especial destinada a investigar observaciones vinculadas a rendiciones de cuentas, contrataciones municipales y propuestas de transparencia administrativa planteadas previamente por vecinos.
El reclamo remarca que, ante reiteradas peticiones ciudadanas, la única respuesta recibida fue el pase del expediente a la Comisión Administrativa, una decisión que el autor considera insuficiente frente a la gravedad institucional denunciada.
En otro tramo del documento, se advierte que la omisión de denunciar por parte de los concejales podría constituir en sí misma un incumplimiento de los deberes de funcionario público, también alcanzado por el artículo 248 del Código Penal. Para respaldar esta interpretación, se cita jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal que sostiene que los funcionarios tienen el deber legal de denunciar delitos de acción pública conocidos en el ejercicio de sus funciones.
La carta también introduce el concepto de responsabilidad política, señalando que no se limita únicamente al plano jurídico sino que responde a principios republicanos de control institucional y equilibrio entre poderes. En ese sentido, sostiene que el Concejo Deliberante debe ejercer su rol de contralor sobre el Ejecutivo y sobre sus propias autoridades.
Bajo ese argumento, solicita formalmente la aplicación de sanciones disciplinarias contra Esteban Vidal por el “inadecuado uso del poder”, invocando el artículo 63 inciso 5 y el artículo 254 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, además de considerar la eventual destitución prevista en el artículo 255, que requiere el voto de las dos terceras partes del cuerpo.
El vecino Miguel Santos Vidal concluye su presentación reclamando que los concejales actúen con “sensatez y juicio”, cumplan con la obligación legal de denunciar y ejerzan plenamente sus atribuciones institucionales frente a lo que define como una grave situación de opacidad y falta de transparencia en la gestión pública local.
Agencia MTR