
El jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, Manuel Adorni, fue imputado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita diera impulso a la acción penal. La investigación se centra en su patrimonio, movimientos financieros y viajes, en una etapa inicial que busca reconstruir sus bienes y comprobar si su crecimiento económico es legítimo.
Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo la implementación de doce medidas de prueba, incluyendo pedidos de informes a registros de la propiedad de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a organismos nacionales como la Oficina Anticorrupción y la Anses.
Entre los requerimientos, se destaca el análisis de propiedades a nombre de Adorni y de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, así como de las expensas de un country ubicado en el partido de Exaltación de la Cruz.
La investigación también contempla movimientos migratorios, laborales y financieros, además de los préstamos familiares mencionados en la denuncia. Asimismo, se solicitó copia certificada de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de Adorni correspondientes a los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025, incluyendo los anexos reservados.
En relación con sus viajes, se pidió a la Dirección Nacional de Migraciones el detalle de ingresos y egresos de Adorni y Angeletti desde enero de 2022, así como información sobre la titularidad de embarcaciones y aeronaves ante los registros correspondientes.
La causa llegó al juez Lijo luego de que la jueza María Servini se inhibiera y remitiera la investigación a otra causa que ya analizaba el incremento patrimonial del exvocero presidencial. Por ahora, el proceso se encuentra en una fase inicial, orientada a establecer posibles inconsistencias o incrementos patrimoniales no justificados.
Por su parte, Adorni se mantiene activo en actos públicos y no brindó detalles sobre su patrimonio, asegurando que “no tiene nada que esconder”.


