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CARBAP se opone a UPOV 91: Propone una actualización equilibrada de la Ley de Semillas

La entidad agraria destaca la necesidad de encontrar un punto ecuánime entre la protección de los obtentores y los derechos de los productores, sin poner en riesgo el sistema de uso propio de semillas que caracteriza a la producción argentina

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En el marco del reciente acuerdo firmado con Estados Unidos, que CARBAP celebra como un paso positivo hacia la integración y apertura comercial, la entidad expresa preocupación por los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional respecto a una eventual adhesión al Acta UPOV 91.

Argentina es miembro de UPOV 78 desde hace más de cuatro décadas, un esquema que permitió el desarrollo del mejoramiento genético, la inversión en nuevas variedades y, al mismo tiempo, protegió un principio clave para los productores: el uso propio de semillas. Bajo este marco, países vecinos como Brasil y Paraguay lograron incrementar significativamente su producción de soja, demostrando que es posible combinar innovación y crecimiento.

CARBAP sostiene que el país necesita reglas claras y previsibles que fortalezcan la propiedad intelectual en semillas y promuevan la innovación, asegurando mecanismos eficaces para que los obtentores cobren por su trabajo.

Sin embargo, advierte que adherir a UPOV 91 sería un camino equivocado, ya que restringe el uso propio, amplía los derechos del obtentor y modifica el equilibrio histórico entre desarrolladores y productores.

La entidad propone actualizar la legislación vigente dentro del marco de UPOV 78, mejorando control, registración, cobro de regalías y transparencia, sin alterar principios culturales de la producción argentina.

CARBAP subraya que el debate no debe presentarse como una falsa disyuntiva entre innovación y productores: Argentina ya cuenta con una base sólida, con millones de hectáreas sembradas con variedades modernas.

Además, advierte que el verdadero obstáculo estructural que limita el crecimiento del sector sigue siendo los Derechos de Exportación (DEX), cuya persistencia condiciona cualquier incentivo tecnológico y la inversión.

CARBAP reafirma que cualquier cambio normativo debe surgir del diálogo entre productores, obtentores, industria y Estado, y no por compromisos externos, destacando que las reglas que afectan la base tecnológica del agro requieren consenso para fortalecer la innovación, la inversión y la competitividad del país.

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