El 9 de diciembre de 1985 no fue un día más en la Argentina: fue el día en que la democracia decidió mirar de frente su pasado más oscuro. Tras casi ocho meses de audiencias, 839 testimonios y una expectativa social pocas veces vista, la Cámara Federal dio a conocer la sentencia del Juicio a las Juntas Militares, un proceso histórico que colocó al país en el centro del mundo por su valentía institucional y su apuesta por el Estado de derecho.
Mientras la lluvia caía sobre Buenos Aires, miles de personas aguardaban en las calles alrededor del Palacio de Tribunales. No había consignas partidarias: había, en cambio, una demanda transversal de memoria y justicia. La vigilia popular había comenzado la tarde anterior, convocada por organismos de derechos humanos, familiares de desaparecidos, sobrevivientes y jóvenes que apenas estrenaban su ciudadanía democrática. El lema ya era parte de la identidad del nuevo país: “Memoria, Verdad y Justicia”.
Un país en tensión, una democracia a prueba
El clima no era sólo meteorológico. Los rumores de atentados, protestas violentas y hasta intentos de desestabilización acompañaron el tramo final del proceso. De hecho, el presidente Raúl Alfonsín había decretado el Estado de Sitio desde el 25 de octubre para garantizar la seguridad. En ese contexto, el Juicio a las Juntas se convirtió no solo en una decisión jurídica, sino también política, social y moral.
Por primera vez, un tribunal civil juzgaba los crímenes cometidos por los máximos responsables de una dictadura que había gobernado el país apenas dos años antes. No hubo tribunales especiales ni fueros militares: la justicia ordinaria se hacía cargo.
Una cobertura que impactó al mundo
A las 16:30 de aquel martes, se abrieron las puertas de la sala. ATC transmitió en vivo la lectura del fallo: otro gesto de la época, otro mensaje de transparencia. La prensa internacional ocupaba de tal manera el recinto que se habilitó un sector especial para corresponsales.
Los acusados no estuvieron presentes; sí lo hicieron sobrevivientes, familiares y testigos que habían contado lo vivido y sufrio, como Adriana Calvo, cuyo testimonio había marcado uno de los momentos más conmovedores del juicio, al relatar cómo dio a luz esposada en un patrullero.
Las cifras del proceso
Inició: 22 de abril de 1985
Duración: 231 días
Audiencias: 80
Horas de audiencia: 530
Testimonios: 839
Fiscalía: Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo
Jueces: Arslanian, Torlasco, Gil Lavedra, Valerga Aráoz, Ledesma y D’Alessio
Frase emblemática: “Señores jueces, ¡nunca más!” – 18 de septiembre, Julio Strassera.
Una sentencia que marcó un quiebre
A las 17:46 ingresaron los jueces y comenzó la lectura del fallo. No hubo dramatismos innecesarios, pero sí tensión. Antes de pronunciar la condena a Videla, León Arslanian tomó un sorbo de agua. La pausa, breve pero cargada de sentido, marcó el instante más esperado.
Las condenas fueron:
Jorge Rafael Videla: reclusión perpetua
Emilio Eduardo Massera: reclusión perpetua
Roberto Eduardo Viola: 17 años de prisión
Armando Lambruschini: 8 años
Orlando Agosti: 4 años y 6 meses
Cuatro excomandantes —Graffigna, Galtieri, Anaya y Lami Dozo— fueron absueltos, una decisión que generó malestar y protestas dentro y fuera de la sala. Hebe de Bonafini retomó su pañuelo blanco, gesto que provocó que la expulsaran de la audiencia, junto con Adriana Calvo de Laborde.
En los fundamentos, Arslanian fue contundente:
“Se demostró que optaron por la clandestinidad y la ilegalidad.”
La Cámara Federal cerró la lectura cerca de las 19. En las calles, las reacciones se mezclaban: alivio, angustia, llanto, abrazos. No era sólo un fallo judicial: era el cierre simbólico de una etapa y la apertura definitiva de otra.
Un legado que trasciende generaciones
El Juicio a las Juntas no sólo abrió el camino para cientos de causas posteriores: también mostró al mundo que una democracia podía juzgar a los responsables de crímenes aberrantes sin renunciar a sus principios. La decisión argentina fue estudiada, admirada y citada como ejemplo por organismos internacionales.
Cuarenta años después, el imperativo moral pronunciado por el fiscal Strassera se mantiene vivo, transmitido como un legado republicano y social:
Nunca más.
Agencia MTR