Caída del Gasto Público en 2025: Impacta en Salud, Educación y Desarrollo Social

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) durante los primeros once meses de 2025 ha experimentado una caída real del gasto del 32% en comparación con el año anterior. Este ajuste refleja una disminución significativa en áreas fundamentales de la gestión pública, generando un escenario de creciente preocupación por las consecuencias que podría tener sobre la calidad de los servicios y políticas sociales.

Recortes en Sectores Claves

El informe destaca que los recortes afectan especialmente a sectores sensibles como la salud, la educación, la seguridad social, el desarrollo productivo y la infraestructura. En el área de salud, se registran caídas drásticas en organismos y programas clave, como la Superintendencia de Servicios de Salud (-72%), hospitales nacionales con recortes entre el -30% y el -42%, y el Instituto Malbrán con una reducción del 24%. En el sector científico, se observa una disminución de los fondos asignados al CONICET (-32%), CONAE (-32%) y otros organismos de investigación y tecnología.

Impacto en la Educación y el Desarrollo Social

El informe también señala que los recortes en educación son especialmente preocupantes, con programas críticos como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente prácticamente paralizados (-100%), y el fortalecimiento edilicio de jardines infantiles con una caída del 89%. En desarrollo social, los ajustes son igualmente alarmantes, afectando programas vitales como el Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia (-90%) y los Comedores Comunitarios y Merenderos (-64%).

El Caso de Inteligencia y Deuda Pública

Mientras la mayoría de las áreas sociales y productivas experimentan fuertes recortes, la Secretaría de Inteligencia del Estado ha incrementado su presupuesto en un 26% respecto a 2023, destacándose como uno de los pocos sectores que ha visto un aumento en su ejecución presupuestaria. A su vez, los Servicios de Deuda Pública siguen representando un 9% del gasto total, lo que mantiene una proporción elevada dentro de la estructura presupuestaria del Estado.

Caídas en Obras Públicas y Transporte

En transporte y obra pública, los recortes han sido extremadamente profundos, con disminuciones de hasta el 100% en algunos programas. Las obras viales, la construcción de túneles y puentes, y la infraestructura en municipios presentan caídas que alcanzan hasta el 98,5%, afectando gravemente la ejecución de proyectos de infraestructura esenciales para el desarrollo de la infraestructura pública.

Transferencias a Provincias y Municipios

Las transferencias del Tesoro Nacional a provincias y municipios también han sufrido fuertes ajustes. Programas como la Asistencia Financiera y Técnica a Municipios y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires han registrado caídas cercanas al 100%, afectando la capacidad de los gobiernos locales de cumplir con sus responsabilidades y proyectos.

Un Ajuste Significativo en Áreas Críticas

El informe concluye que la Administración Pública Nacional está atravesando una etapa de ajuste fiscal que ha impactado de manera significativa en áreas clave de la economía y el bienestar social. Los recortes en sectores como la salud, la educación, el desarrollo social y la infraestructura podrían tener consecuencias graves para la población, especialmente en un contexto de alta demanda de servicios públicos debido a la crisis económica.

El aumento en el gasto en Inteligencia del Estado y el mantenimiento de altos niveles de gasto en deuda pública en un escenario de reducción del gasto social y productivo genera una contradicción preocupante. En este contexto, la sostenibilidad de políticas públicas fundamentales para el desarrollo y bienestar social está en riesgo, lo que plantea un desafío importante para la gobernanza y la cohesión social en el país.

En resumen, la ejecución presupuestaria de 2025 refleja un panorama complejo, donde la disminución del gasto en áreas sociales y productivas podría afectar la calidad de vida de los ciudadanos y la estabilidad de las políticas públicas esenciales.