El Gobierno nacional presentó en las últimas horas un recurso judicial que generó fuertes críticas de organizaciones y colectivos vinculados a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
Se niega a implementar los fondos necesarios para cumplir con la ley de Emergencia en Discapacidad, ni siquiera si se lo exige la justicia. El Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, recusó al juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien estaba cerca de declarar nulo el DNU con que la Rosada había vetado la ley por segunda vez, tras la insistencia del Congreso. El juez había dado lugar a un amparo colectivo impulsado por familiares y organizaciones del sector, que siguen denunciado el ahogo económico de los prestadores, cuyas instituciones de apoyo están al borde de la quiebra. En ese marco de puja por recursos, el procurador pidió además declarar “abstracto” el expediente, con un insólito argumento: alegó que las partidas para aplicar la norma en realidad están garantizadas en el presupuesto de 2026, pero no en el proyecto del Gobierno, sino en el dictamen de minoría. Es decir, en el de la oposición.
De acuerdo con voceros del Ejecutivo, existen “puntos de interpretación contradictoria” entre distintas dependencias del Estado, lo que motivó la consulta judicial para “garantizar un marco de aplicación seguro y sostenible”.
Mientras el expediente comienza a ser evaluado por la Justicia, referentes del sector anticiparon que impulsarán acciones de visibilización y solicitarán una mesa de diálogo urgente con el Gobierno. En paralelo, legisladores de la oposición reclamaron que el Ejecutivo rinda cuentas sobre el alcance real de la medida.
La resolución judicial podría demorar semanas. En ese tiempo, el debate sobre la emergencia en discapacidad vuelve a ubicarse en el centro de la agenda pública, con demandas crecientes para garantizar políticas inclusivas y sostenibles.
Agencia MTR