
La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires informó que, ante la promulgación del Decreto 787/2025 del Poder Ejecutivo Nacional —que deroga el Decreto 2417/93, referente a la regulación de los aranceles de los institutos educativos de gestión privada—, resulta necesario realizar algunas aclaraciones respecto de su alcance.
Según lo establecido por la DGCyE, las instituciones educativas privadas con aporte estatal —que representan más del 70 % del total en la provincia— continuarán con sus topes arancelarios vigentes, sujetos a la supervisión y autorización de la autoridad educativa provincial, conforme a la normativa bonaerense en curso.
En tanto, las instituciones privadas sin aporte estatal quedan alcanzadas por la nueva disposición nacional, que elimina la regulación anterior. En consecuencia, ya no estarán obligadas a informar a las autoridades ni a las familias, durante el mes de octubre, sobre el valor de la matrícula, el monto de los aranceles ni la cantidad de cuotas correspondientes al ciclo lectivo siguiente.
La DGCyE ratificó además que toda modificación arancelaria en los establecimientos que reciben aporte estatal deberá ser previamente autorizada por las autoridades provinciales.


