El municipio de Azul presentó una demanda ante la Justicia contra el Gobierno Nacional por el crítico estado de la Ruta 3, uno de los corredores viales más importantes de Argentina, que conecta Buenos Aires con Ushuaia a lo largo de más de 3.000 kilómetros. La acción fue impulsada por el intendente Nelson Sombra y el abogado Roberto Dávila, subsecretario Legal y Técnico de la comuna, quienes promovieron una demanda de amparo y solicitaron una medida cautelar urgente.
Según se expone en la presentación judicial, la situación de la ruta es de “alto riesgo”, con una “alta siniestralidad” provocada por las condiciones de la calzada. Este estado de abandono ha sido objeto de preocupación constante, ya que los accidentes viales en el tramo se han multiplicado debido a la falta de mantenimiento y seguridad.
En el escrito presentado ante el Juzgado Federal número 2 de Azul, se subraya que “la inacción de las autoridades responsables es de público y notorio conocimiento”, dado que cualquier conductor puede constatar fácilmente los peligros de la ruta. La demanda también destaca que la responsabilidad del mantenimiento de la vía corresponde de manera exclusiva al Estado Nacional, que concesionó la ruta a Corredores Viales.
“Es urgente que el Estado asuma su responsabilidad y se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los conductores”, se lee en el escrito. La falta de acción por parte del Gobierno ha sido reconocida en múltiples ocasiones por distintos sectores, según se argumenta en la demanda.
El reclamo de la comunidad
Vecinos de Azul, Olavarría, Tandil y otras localidades cercanas se han movilizado en varias ocasiones para exigir la reactivación de las obras en la Ruta 3, que desde hace años están paralizadas o en su mayoría inconclusas. La demanda más insistente es la transformación de este tramo en una autovía, una medida que busca reducir la cantidad de accidentes fatales y mejorar las condiciones de circulación.
A pesar de diversos anuncios y licitaciones a lo largo de las décadas, muchas de las obras prometidas no han comenzado o han quedado detenidas por falta de financiamiento, cambios de gobierno o problemas contractuales. Este contexto de demoras y frustración es lo que ha llevado a los vecinos a organizarse en banderazos y protestas, buscando una solución definitiva para lo que consideran una “emergencia vial”.
Con esta demanda, el municipio de Azul busca que la Justicia ordene una respuesta inmediata y que las autoridades asuman sus responsabilidades en cuanto al mantenimiento y seguridad de la Ruta 3, para evitar más tragedias viales.
Agencia MTR