Organizaciones de usuarios viales denuncian que el nuevo esquema de concesiones impulsado por el Gobierno Nacional reproduce el “falso peaje o impuesto al tránsito”, multiplicará los costos sin mejoras en la infraestructura y vulnera el derecho constitucional al libre tránsito.
Las audiencias públicas sobre el nuevo sistema de concesiones viales convocadas por el Gobierno Nacional se realizaron recientemente, pero según denunciaron especialistas y entidades civiles, resultaron meramente formales y no vinculantes. Aseguran que no se tuvieron en cuenta los aportes técnicos ni las opiniones ciudadanas, repitiéndose un esquema similar al de la década de 1990, con un modelo que ya fue calificado como “estafa vial”.
El proyecto de la denominada Red Federal de Concesiones (RFC) establece la instalación de 54 nuevas estaciones de peaje que se sumarán a las 44 ya existentes. Esto implicará que, en promedio, los usuarios paguen un peaje cada 97 kilómetros. Además, las tarifas se multiplicarán por 3,3, lo que en la práctica significará que los argentinos afronten un costo 6,5 veces mayor al actual, sin recibir a cambio mejoras significativas en la infraestructura.
Ejemplos concretos muestran la magnitud del impacto: un viaje de 650 km entre Ciudad de Buenos Aires y Bahía Blanca demandará el pago en 8 peajes, mientras que en la Ruta Nacional N.º 11, entre Chaco y Santa Fe, se abonará 5 veces.
Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) advirtieron que el plan apenas prevé tareas de mantenimiento rutinario, como corte de pasto o la colocación de una capa asfáltica cada diez años, sin contemplar obras de ampliación ni mejoras estructurales. Esto significa, alertan, que los conductores seguirán transitando sobre rutas diseñadas hace más de tres décadas, en un contexto en el que el parque automotor no deja de crecer.
La crítica central es que el modelo propuesto es “abiertamente inconstitucional”:
No existen caminos alternativos libres de pago.
Se configura una doble imposición, dado que los usuarios ya contribuyen con el Impuesto a los Combustibles.
Se vulnera el derecho al libre tránsito, protegido por el artículo 14 de la Constitución Nacional.
“Con peaje en la Red Vial Nacional, y sin caminos alternativos libres de pago, no hay libertad”, advirtió el CONADUV.
En este marco, las organizaciones cuestionan la contradicción entre las metas oficiales de crecimiento económico y la realidad de una red vial que, al final de la concesión, podría encontrarse en condiciones similares a las de hace seis décadas: obsoleta, saturada y sin planificación estratégica.
Si se mantiene este esquema, advirtieron, la producción no podrá trasladarse con eficiencia, la circulación interna se verá restringida y la competitividad de los mercados quedará afectada. En ese escenario, el Estado terminaría asumiendo aquellas obras que las concesionarias no ejecuten, consolidando un sistema regresivo e ineficiente.
El CONADUV propone en su lugar la elaboración de un Proyecto Vial Nacional integral, que contemple toda la red caminera y destine efectivamente los recursos del Impuesto a los Combustibles a su finalidad original: garantizar un sistema vial sin peajes ni barreras. A su vez, plantea recuperar la gestión estatal de las rutas, rejerarquizando a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) como organismo rector en la materia.
Finalmente, las entidades remarcaron la necesidad de avanzar hacia un Proyecto de Transporte Multimodal —vial, ferroviario y fluvial— concebido como política de Estado y adaptado a la geografía argentina, en contraposición a lo que consideran “mega-negocios diseñados en beneficio de unos pocos grupos económicos”.
Agencia MTR