El Consejo Asesor de la Cuenca del Salado convocó a una reunión de urgencia ante el agravamiento de la crisis hídrica que golpea a vastos sectores de la provincia de Buenos Aires. Su presidente, Alberto Larrañaga, dialogó con Gustavo Tinetti en Despertate por Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Vision Plus TV describió un panorama crítico: “Hay distritos con características dramáticas, en Nueve de Julio ya se contabilizan cerca de 200.000 hectáreas afectadas, y el Estado nacional y provincial deben intervenir de inmediato”.
Larrañaga explicó que el punto central es la paralización del Tramo 4.2 del Plan Maestro del Salado, entre la Ruta Nacional 205 y Ernestina, obra clave para continuar con el sistema de canalizaciones. “Si no avanzamos en ese tramo, el resto de las obras quedarán detenidas, y terminar una obra prevista para 20 años podría llevar un siglo”, advirtió.
El dirigente ruralista denunció que hay $175.000 millones depositados en el Banco Nación, fondos del Fideicomiso Hídrico, que no se aplican al objetivo para el cual fueron creados: “Las empresas contratistas tienen deudas impagas de entre 20.000 y 30.000 millones, y por eso frenaron los trabajos. No faltan recursos, falta voluntad política”, subrayó.
Larrañaga también valoró las gestiones realizadas por la intendente de Nueve de Julio, María José Gentile, quien la semana pasada mantuvo reuniones en La Plata y en Capital Federal para plantear la crisis del distrito y reclamar que se destraben las obras hídricas del Salado. “Agradecemos a la intendente por poner el tema en agenda. Es muy importante que los jefes comunales se sumen a este reclamo y lo eleven a las máximas instancias de gobierno”, expresó.
Asimismo, Larrañaga rechazó la posibilidad de que el gobierno nacional transfiera las obras a las provincias: “Esto es una megaobra de carácter federal, comparable en magnitud a proyectos como el canal de Panamá. Ninguna provincia puede hacerse cargo sola. La Nación no puede desentenderse”.
El presidente del Consejo del Salado resaltó que deben haber una urgente reactivación de las obras, pero insistió en que no deben caer en “maniobras dilatorias”. “Cada inundación no solo destruye la producción y la vida de las comunidades, también golpea la recaudación fiscal. Hacer prevención y mitigación fortalece el equilibrio fiscal, no lo debilita”, enfatizó.
Finalmente, Larrañaga llamó a que el tema se incorpore con urgencia en la agenda política y electoral: “No podemos seguir padeciendo el silencio del Gobierno nacional. Se necesitan respuestas ya”.