La Justicia confirmó hoy que la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) liquidó correctamente el Impuesto Inmobiliario Rural, al rechazar la pretensión de un productor del partido de La Plata que había solicitado, por vía cautelar, que se obligue al organismo recaudador a volver a liquidar el tributo con un incremento menor al establecido inicialmente.
El fallo emitido por el Juzgado Contencioso Administrativo 4 de la capital provincial, a cargo de la jueza María Ventura Martínez, desestimó el pedido de cautelar presentado por el productor agropecuario Raúl Alberto Remorini contra ARBA. Remorini solicitaba pagar un monto menor del Impuesto Inmobiliario Rural, argumentando que había sido mal liquidado.
Esta presentación se realizó en medio de una disputa entre el gobierno de Axel Kicillof y un grupo de productores rurales, algunos con militancia política, que se oponían al pago del tributo y recibieron apoyo del presidente de la Nación, Javier Milei, y del diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, quienes llamaron a una “rebelión fiscal”.
El fallo de Ventura Martínez pone fin al debate al establecer que ARBA liquidó “correctamente” el Impuesto Inmobiliario Rural. La justicia determinó que no está vigente un límite de imposición contenido en el consenso fiscal firmado en 2021, que establecía un tope del 3% de la valuación fiscal de la propiedad rural alcanzada.
A través de su causa, Remorini buscaba pagar el Impuesto Inmobiliario Rural anual con un aumento del 200% respecto de 2023, pero con un descuento del 35% por “contribuyente cumplidor”, que no está vigente, y sin índices de actualización. También pretendía que ARBA no pudiera avanzar con reclamos judiciales para cobrar.
Los incrementos en el Impuesto Inmobiliario Rural fueron establecidos mediante una ley aprobada en diciembre del año pasado, con el respaldo de Unión por la Patria, la UCR y el PRO. Este respaldo provocó la queja de Milei, quien criticó el aumento de impuestos y endeudamiento mientras algunos de la oposición al kirchnerismo no apoyaban las reformas propuestas.
El rechazo organizado por algunas sociedades rurales del interior bonaerense, respaldado por la Sociedad Rural Argentina, llevó al gobernador a recibir comunicados oficiales pidiéndole que “tome conciencia” del impacto negativo de la suba. Además, se detectaron “inconsistencias” en las liquidaciones del impuesto, según informaron Carbap, Coninagro, Federación Agraria y SRA.
En paralelo, Espert llamó a la rebelión fiscal argumentando que el Estado provincial “no da nada” y que los niveles de tributación son confiscatorios. Milei defendió esta intervención de Espert, mientras que Kicillof la interpretó como un llamado a incumplir la ley.
A pesar de reuniones con legisladores y representantes de ARBA y el Ministerio de Economía, no se pudieron establecer casos concretos de liquidación errónea. Ahora, la justicia reafirma en un fallo judicial que ARBA liquidó correctamente el impuesto.


