martes, abril 23, 2024
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Curso sobre perspectiva de género para estatales bonaerenses

Iniciativa conjunta del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, la Secretaría de Gestión y Empleo Público y la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) junto con la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación, a través del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación abrieron la inscripción del primer curso virtual con tutorías que acreditará la formación en la Ley Micaela para trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional. El “ABC – Ley Micaela” tendrá una duración de dos meses y medio. Si bien desde el MMGyD se promueven las instancias de capacitación presenciales, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio que se dispuso para minimizar los efectos de la pandemia del COVID 19, se diseñó esta modalidad virtual para avanzar en la formación de quienes ejercen la función pública dentro del Estado nacional.

 

Esta es la primera vez que se ofrece un curso virtual de Ley Micaela por parte del MMGyD que será tutoreado para garantizar la calidad de la capacitación. Además de los contenidos vinculados con la formación en perspectiva de género y herramientas frente a las violencias por motivos de género, se incorporará el enfoque sobre la diversidad sexual. Este curso tendrá también una instancia de formación presencial una vez que finalice el aislamiento social, preventivo y obligatorio o virtual sincrónica en caso que la emergencia sanitaria se extienda. La inscripción podrá realizarse hasta el 8 de mayo a través de la página web https://capacitacion.inap.gob.ar/actividad/abc-ley-micaela/.

 

Diana Broggi, subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad explicó: “A través de la capacitación buscamos promover la transformación de prácticas y representaciones culturales que naturalizan las desigualdades entre los géneros y promover espacios de intercambio y formación de ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes que se comprometan en la transformación de la realidad, en la producción de procesos de inclusión y cohesión social con igualdad de oportunidades y libres de violencia. En ese sentido, uno de los objetivos de la Ley Micaela es el desarrollo de un plan de formación continuo que siente las bases de una verdadera transformación cultural al interior del Estado, para diseñar políticas públicas integrales y transversales, que son condición necesaria para erradicar las violencias por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades y derechos de todas las personas”.

 

Para la titular de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, “es fundamental que nos comprometamos a transformar los espacios públicos incorporando la perspectiva de género y que el Estado se convierta en un modelo de organización libre de desigualdades y violencias contra las mujeres para lograr una sociedad más justa”.

 

Por su parte, la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, expresó que “esta capacitación es vital en por lo menos tres aspectos: es igualadora de oportunidades; genera inclusión y conciencia sobre el respeto a las diversidades y la erradicación de las violencias; y forma a quienes integran el grupo humano de la Administración Pública Nacional. Esto repercute en la forma en que concebimos el Estado y en el trabajo diario para lograr una sociedad más justa. Desde la Secretaría de Innovación Pública, con las herramientas dispuestas por la Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital, celebramos trabajar unidas con el MMGyD y el INAP para que esto sea posible”.

 

Los contenidos se estructurarán en cuatro ejes temáticos: el marco normativo nacional e internacional en Derechos Humanos; la introducción a la perspectiva de género; las violencias por motivos de género como problemática social, y las intervenciones y co-responsabilidad en los organismos del Estado en materia de Género y Derechos Humanos.

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