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Vialidad Nacional alerta por el deterioro de rutas y rechaza la “provincialización” por considerarla inconstitucional

José Raúl Rizzo, secretario adjunto de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (CONADUV), advirtió que más del 65% de la red vial nacional se encuentra en estado regular o malo. Cuestionó el avance de privatizaciones y la transferencia de rutas a las provincias, y aseguró que la medida incrementará peajes, costos logísticos y riesgos viales.

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La preocupación por el estado de las rutas nacionales volvió a instalarse con fuerza tras las declaraciones de José Raúl Rizzo, secretario adjunto de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (CONADUV), quien advirtió sobre el grave deterioro de la infraestructura vial argentina y cuestionó duramente el proceso de provincialización y concesión de carreteras impulsado por el Gobierno nacional.

Durante una entrevista en el programa Despertate, emitido por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Rizzo sostuvo que el Estado nacional cuenta con los recursos necesarios para mantener las rutas en condiciones adecuadas, pero denunció que los fondos específicos destinados por ley al mantenimiento vial no están llegando a la Dirección Nacional de Vialidad.

“El Estado nacional tiene todos los fondos y todas las posibilidades para hacer mantenimiento de rutas. Todas las rutas tendrían que estar en perfecto estado. El problema es que los fondos provenientes del impuesto a los combustibles están siendo derivados a otros fines y Vialidad Nacional no recibe lo que le corresponde”, afirmó.

Según explicó, más del 65% de la red nacional se encuentra actualmente en estado regular o malo, situación que no solo encarece futuras reparaciones, sino que además incrementa notablemente la siniestralidad vial.

“El mal estado de las rutas agrava los accidentes. Cuando se analiza un siniestro aparecen tres factores: las condiciones climáticas, el error humano y el estado de la ruta. Hoy, claramente, el deterioro de la infraestructura está aumentando los riesgos”, señaló.

Uno de los principales cuestionamientos del dirigente apunta a la intención del Gobierno de transferir rutas nacionales a las provincias para que estas puedan concesionarlas y avanzar en nuevos esquemas de peaje.

Rizzo consideró que esta medida es inconstitucional, ya que implicaría nuevos cobros sin el respaldo de una ley formal del Congreso, además de desvirtuar el concepto mismo de red vial nacional.

“Las rutas son nacionales porque exceden los límites de una provincia y deben garantizar el mismo nivel de servicio para todos los usuarios. Si cada provincia decide qué tramo atender y cuál no, se rompe completamente esa lógica”, explicó.

Además, advirtió que muchas provincias no cuentan con la capacidad económica para sostener esas trazas y que el resultado final será una mayor carga económica para los ciudadanos.

“Vamos camino a destinar gran parte del salario a pagar peajes. No se trata solo del automovilista: ese costo se traslada a toda la producción, al transporte y al precio final de los productos”, sostuvo.

El dirigente también recordó que durante el año pasado ya se había planteado la posibilidad de eliminar la Dirección Nacional de Vialidad, algo que finalmente no prosperó, aunque considera que el Ejecutivo continúa buscando mecanismos alternativos para debilitar el organismo.

Frente a este escenario, desde CONADUV anunciaron la elaboración de un proyecto de ley para declarar la inconstitucionalidad de estas medidas y no descartan avanzar también por la vía judicial.

“Estamos preparando una iniciativa legislativa porque entendemos que esto no puede resolverse por decreto. Si quieren cambiar el sistema, debe hacerse respetando la Constitución y mediante una ley”, remarcó.

Rizzo también comparó el caso argentino con el modelo chileno, donde existen rutas concesionadas pero acompañadas por caminos alternativos y una fuerte participación del Estado en el financiamiento.

“En Chile hay concesiones, pero también hay alternativas y el Estado aporta parte del canon para que el sistema funcione. Acá solo se busca cobrar más peajes sin mejorar la infraestructura”, afirmó.

Finalmente, insistió en que el verdadero debate no debe centrarse en nuevas privatizaciones sino en garantizar que los recursos ya existentes se destinen correctamente a la conservación y modernización de la red vial.

“Estamos perdiendo 100 años de historia de Vialidad Nacional. No se trata solo de rutas, se trata de seguridad, producción, conectividad y desarrollo para todo el país”, concluyó.

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