El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) expresó su enérgico rechazo al Decreto 253/2026 del Poder Ejecutivo Nacional, recientemente publicado en el Boletín Oficial, mediante el cual se dispone la provincialización de rutas nacionales y se habilita su financiamiento a través del sistema de peaje directo con cobro en ruta.

Desde la entidad sostienen que la medida “es ilegal, inconstitucional e inoportuna”, ya que carece de una ley formal del Congreso Nacional que la respalde, tal como exige el artículo 75 de la Constitución Nacional Argentina, además de violar principios fundamentales como la legalidad, la razonabilidad y el federalismo.

CONADUV advirtió además que tampoco se estableció una transferencia presupuestaria correspondiente, otro requisito constitucional indispensable para cualquier cesión de competencias desde el Estado nacional hacia las provincias.

“Es inconcebible que el Estado Nacional abandone su obligación de mantener en buen estado de transitabilidad la Red Vial Nacional, más aún cuando se mal administran los millones de dólares que se recaudan anualmente a través del Impuesto a los Combustibles, fondos que son desviados a otros fines ajenos al objetivo para el cual fueron creados”, señalaron.

Violación del principio de legalidad tributaria

La organización recordó que el artículo 75 de la Constitución Nacional atribuye exclusivamente al Congreso la potestad de establecer contribuciones y tributos.

En ese sentido, remarcaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido reiterativa al sostener que “no hay tributo sin ley”, estableciendo que el principio de legalidad tributaria es de cumplimiento estricto.

Según CONADUV, el decreto en cuestión impone una carga económica obligatoria mediante el peaje directo en ruta, pero sin una ley formal que lo autorice.

“Por ende, resulta claramente inconstitucional”, afirmaron.

Peaje como tasa versus impuesto encubierto

La entidad explicó que la jurisprudencia admite el peaje como tasa únicamente cuando existe una prestación efectiva y una proporcionalidad razonable entre el servicio brindado y el cobro exigido.

Recordaron el fallo “Arenera El Libertador SRL c/ Buenos Aires”, donde se estableció que el peaje es válido si retribuye un servicio concreto, así como también el antecedente “Camaronera Patagónica SA c/ Ministerio de Economía”, en el que la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo no puede crear tributos sin ley.

En este caso, señalaron que no existe garantía de contraprestación suficiente y que el peaje se utiliza como un mecanismo general de financiamiento, transformándose así en un impuesto encubierto que viola la Constitución Nacional.

Federalismo vulnerado

Las rutas nacionales son bienes del Estado federal, por lo que su transferencia a las provincias requiere necesariamente una ley del Congreso Nacional y la correspondiente previsión de recursos.

Para CONADUV, la omisión de financiamiento vulnera gravemente el sistema federal, ya que traslada cargas económicas y operativas a las provincias de manera arbitraria e injustificada.

Medida irrazonable y doble imposición

El artículo 28 de la Constitución Nacional impide reglamentaciones irrazonables, y la Corte Suprema, en el fallo “Peralta, Luis c/ Estado Nacional”, sostuvo que toda medida estatal debe ser proporcional y debidamente justificada.

Sin embargo, desde la entidad denunciaron que se pretende cobrar peaje sin garantizar el servicio correspondiente y superponiendo cargas ya existentes, como el Impuesto a los Combustibles.

Esto genera una doble imposición: los ciudadanos pagan impuestos para financiar las rutas y además deben volver a pagar para circular por ellas.

“La medida resulta arbitraria y profundamente injusta”, sostuvieron.

Derecho a transitar y propiedad afectados

CONADUV también advirtió que esta política vulnera derechos constitucionales esenciales, como el derecho a transitar libremente por el territorio argentino (artículo 14) y el derecho de propiedad (artículo 17).

El cobro sin base legal suficiente ni contraprestación adecuada constituye, según remarcaron, una restricción ilegítima al libre tránsito y una afectación directa al patrimonio de los usuarios.

Consecuencias económicas y sociales

La Red Federal de Concesiones (RFC) impulsada por el Gobierno Nacional, sumada a las concesiones por peaje ya existentes en distintas provincias y ahora a la provincialización de rutas nacionales, genera —según CONADUV— serios perjuicios sociales y económicos para usuarios viales directos e indirectos y para toda la sociedad.

Advirtieron que insistir con un método de financiamiento vial inadecuado como el peaje directo en ruta, “claramente inconstitucional e inviable técnicamente”, impedirá una logística eficiente, restringirá la circulación interna y volverá menos competitivo el acceso a los mercados.

“Tampoco habrá mejoras en la seguridad vial ni una reducción real en los costos de transporte”, señalaron.

Un proyecto vial nacional sin peajes

Frente a este escenario, CONADUV reiteró la necesidad de establecer un Proyecto Vial Nacional integral que contemple la totalidad de la red caminera argentina y garantice que los fondos del Impuesto a los Combustibles sean destinados efectivamente a su finalidad original.

“El objetivo debe ser garantizar un sistema vial óptimo, sin peajes y sin barreras, en consonancia con la Constitución Nacional”, expresaron.

Asimismo, reclamaron recuperar la gestión estatal de las rutas, poner fin al modelo privatizador y jerarquizar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), devolviéndole su rol rector en materia de política vial.

También propusieron impulsar un verdadero Proyecto de Transporte Multimodal —vial, ferroviario y fluvial— concebido como política de Estado, adaptado a la geografía nacional y orientado a mejorar la competitividad de la economía argentina.

Exhortación a cumplir la Constitución

Finalmente, el CONADUV exhortó al Gobierno Nacional, gobernadores, legisladores nacionales y provinciales, intendentes y concejales a cumplir con lo establecido por la Constitución Nacional.

“El derecho a transitar libremente por el territorio argentino debe ser garantizado. Con peaje en la Red Vial Nacional y Provincial, y sin caminos alternativos libres de pago, no hay libertad”, concluyeron.