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La Confederación General del Trabajo (CGT) volverá este lunes a las calles con una movilización frente a los tribunales laborales de Plaza Lavalle, donde acompañará la presentación judicial contra la reforma laboral aprobada por el Congreso e impulsada por el gobierno de Javier Milei.
La concentración está prevista a partir de las 11, en simultáneo con la presentación de un pedido de amparo que realizará el equipo legal de la central sindical. El objetivo es que la Justicia suspenda la aplicación de la norma y declare la inconstitucionalidad de distintos artículos cuestionados por el movimiento obrero.
Desde la CGT sostienen que la ley aprobada vulnera el principio de progresividad de los derechos laborales, uno de los pilares del derecho del trabajo, que establece que los derechos ya adquiridos por los trabajadores no pueden ser reducidos ni eliminados, sino únicamente ampliados o mejorados.
Los artículos bajo cuestionamiento
El planteo judicial apuntará especialmente contra una serie de disposiciones que, según la central obrera, afectan el derecho a la protesta y la organización sindical.
Entre ellas se encuentra el artículo 98, que amplía el alcance de las actividades consideradas “esenciales” y obliga a garantizar entre el 50% y el 75% de la prestación de servicios durante medidas de fuerza. Para el asesor legal cegetista Pablo Topet, esta disposición implica en la práctica una limitación extrema del derecho de huelga.
También será objetado el artículo 133, que introduce restricciones para la realización de asambleas en los lugares y horarios de trabajo, así como el artículo 134, que tipifica como “infracciones muy graves” los bloqueos a empresas como modalidad de protesta sindical.
A su vez, los artículos 141, 142 y 143 incorporan nuevas figuras vinculadas a “prácticas desleales” relacionadas con la convocatoria de asambleas y habilitan acciones judiciales contra sindicatos por ese tipo de conductas, lo que —según la CGT— abre la puerta a sanciones contra la actividad gremial.
Estrategia judicial y presión sindical
Hasta el cierre del domingo, los dirigentes sindicales aún analizaban si la impugnación será presentada ante el fuero laboral o el contencioso administrativo federal, una definición clave para el recorrido judicial del caso.
La movilización frente a tribunales forma parte de una estrategia que la conducción cegetista resolvió la semana pasada, priorizando la vía institucional y judicial antes que sumarse al paro y la marcha al Congreso impulsados por sectores sindicales más combativos durante el debate legislativo en el Senado.
“El resorte republicano de la Justicia es el que debe actuar cuando el Congreso sanciona leyes que violan la Constitución”, había afirmado el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, al anunciar la decisión.
Con esta presentación, la central obrera abre un nuevo frente de disputa contra la reforma laboral, trasladando el conflicto del ámbito político y parlamentario al terreno judicial, donde buscará frenar la implementación de los cambios antes de que entren plenamente en vigencia.


