
Desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, su gestión ha implementado una política deliberada de ajuste y reestructuración del sector público nacional, que ha llevado a una significativa reducción de personal. A diciembre de 2025, se registran 63.234 puestos de trabajo perdidos, lo que equivale a una disminución del 18,4% en la dotación de personal del Estado. Esta cifra representa, en promedio, la eliminación de 79,84 puestos de trabajo por día.
El impacto más profundo se observó en las empresas y sociedades del Estado, que concentraron la mayor cantidad de despidos. No obstante, el ajuste fue más drástico en la administración centralizada, lo que evidencia un vaciamiento de funciones clave dentro del Poder Ejecutivo. Esta reducción no solo ha afectado a la capacidad operativa del Estado, sino que también ha generado tensiones en la estructura del sector público.
Las empresas estatales más afectadas
En términos absolutos, las empresas del Estado fueron las que lideraron los despidos. El Correo Argentino fue la que experimentó la mayor reducción, con 5.284 empleados desvinculados. A esta le siguieron la Operadora Ferroviaria S.E., con 3.637 cesantías, y el Banco Nación, con 2.208 despidos. Aerolíneas Argentinas también registró una significativa pérdida de personal, con 1.872 trabajadores desvinculados.
Impacto proporcional más severo
Sin embargo, los recortes no solo se reflejaron en números absolutos, sino que también hubo una fuerte disparidad en cuanto a los porcentajes de reducción de personal. La ex Télam se destacó como la empresa que más sufrió este ajuste, perdiendo casi el 79% de su plantilla. Le siguieron ENARSA Patagonia y otras entidades como Educar S.A., la Casa de la Moneda y Contenidos Públicos S.E., que también experimentaron recortes significativos en sus dotaciones.
La Administración Pública Nacional (APN)
En el ámbito de la Administración Pública Nacional, que abarca organismos descentralizados y desconcentrados, el recorte de personal fue también considerable. Uno de los casos más notables fue ARCA, que vio una reducción de 3.302 puestos de trabajo. La CONICET sufrió la pérdida de 2.094 empleados, y el ANSES registró 1.659 despidos.
Ajuste en organismos clave
En términos proporcionales, los recortes fueron más profundos en algunas instituciones de la administración pública. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales fue el que sufrió el ajuste más severo, perdiendo el 64,4% de su personal. La Junta de Seguridad en el Transporte (JST) también registró una reducción importante del 47,5%, mientras que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) experimentó una pérdida del 44,6% de su dotación de personal.
Este ajuste masivo en el sector público nacional, impulsado por la actual gestión presidencial, refleja un giro radical en la política estatal, con efectos significativos en el empleo público y en la capacidad del Estado para desarrollar y administrar políticas públicas. El impacto de estas medidas se seguirá sintiendo en los próximos años, dado el tamaño de los recortes y las consecuencias en la operatividad de los organismos afectados.
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