En cualquier democracia madura, el principio de separación de poderes es un pilar fundamental. Cada uno de ellos —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— debe operar de manera autónoma pero respetuosa, reconociendo la legitimidad de los demás y cooperando para garantizar el bienestar de la sociedad, además de servir en apego con la ley.
Sin embargo, cuando un funcionario judicial decide ignorar, desestimar o incluso dar la espalda a un medio de comunicación de relevancia y credibilidad, se corre el riesgo de socavar no solo la confianza pública en el sistema judicial, sino también el papel crucial que desempeñan los medios en el sostenimiento de la democracia.
El Poder Judicial y su Responsabilidad en la Transparencia
El Poder Judicial, en su función de administración de justicia, tiene una responsabilidad primordial: garantizar que sus decisiones sean tomadas con equidad, transparencia y comprensión. Esta responsabilidad no solo se limita a los tribunales y los actores directamente involucrados en los casos, sino también a la sociedad en su conjunto, que depende de la información veraz para comprender cómo y por qué se toman ciertas decisiones.
Hace al principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno y el respeto colectivo de la sociedad.
Un funcionario judicial que elige ignorar a un medio de comunicación creíble, no solo se aleja de la posibilidad de rendir cuentas ante la ciudadanía, sino que también menoscaba la posibilidad de un debate público informado. El acceso a la información no es solo un derecho, sino una herramienta esencial para que los ciudadanos puedan formarse opiniones fundamentadas sobre las decisiones judiciales que impactan sus vidas. Al cerrar la puerta a la comunicación, el funcionario no solo se aísla, sino que además contribuye a la creación de un espacio donde la desinformación puede proliferar sin obstáculos.
El Rol del Cuarto Poder: El Derecho a la Información
El cuarto poder, es decir, los medios de comunicación que saben de su importancia y lo que ello significa, cumple una función crucial en la democracia. Su tarea no es solo informar, sino también cuestionar, analizar y contextualizar las acciones de los poderes públicos. Los medios no son una mera plataforma de transmisión de hechos, sino un puente entre las instituciones y la ciudadanía. En este sentido, un medio de comunicación relevante y de credibilidad tiene la capacidad de poner sobre la mesa temas cruciales, señalar omisiones, y actuar como un vigilante de los abusos de poder.
Cuando un funcionario judicial decide dar la espalda a un medio que goza de esta credibilidad, está eludiendo la función de control social que los medios ejercen en una democracia. Al descalificar a cualquier medio sin ofrecer argumentos claros, se corre el riesgo de alimentar una narrativa de opacidad y desinformación, donde los ciudadanos no pueden acceder a los matices y complejidades de las decisiones judiciales.
La ignorancia hacia los medios de comunicación no solo es un acto de desdén hacia una institución, sino un rechazo a la rendición de cuentas. Los medios, al ser el canal entre el poder y la sociedad, juegan un papel esencial en hacer que los funcionarios públicos, incluyendo a los judiciales, sean responsables ante el pueblo que los elige o designa. El hecho de que un funcionario judicial se niegue a interactuar con un medio confiable es, en última instancia, una acción que va en contra del derecho de la ciudadanía a estar bien informada.
La Desinformación y el Riesgo de la Impunidad
La desconexión entre los funcionarios judiciales y los medios de comunicación no solo afecta la transparencia del sistema, sino que también crea un caldo de cultivo para la desinformación. Cuando un funcionario elige ignorar las preguntas o críticas de un medio, las decisiones judiciales pueden quedar expuestas a interpretaciones erróneas o distorsionadas. La falta de una respuesta clara por parte del Poder Judicial abre la puerta a especulaciones y rumores que pueden alterar la percepción pública de la justicia.
Este tipo de ignorancia puede, además, generar un círculo vicioso de impunidad. Si el poder judicial no está dispuesto a enfrentarse a las preguntas difíciles o a justificar sus decisiones ante los medios, se fortalece la sensación de que sus actos pueden ser opacos y sin repercusiones. La confianza en el sistema judicial se erosiona cuando los ciudadanos sienten que las respuestas que obtienen son incompletas o sesgadas, lo cual, en última instancia, pone en riesgo el mismo principio de justicia.
Conclusión: La Necesidad de un Diálogo Constructivo
El acto de ignorar a un medio de comunicación serio y respetado no debe ser tolerado en un contexto democrático.
Los funcionarios judiciales tienen la obligación de ser transparentes, y para ello, deben estar dispuestos a escuchar, responder y, sobre todo, explicar sus acciones a través de los canales adecuados. Los medios de comunicación, por su parte, deben continuar ejerciendo su función de vigilancia crítica, proporcionando un espacio para el diálogo y el mensaje.
La ignorancia hacia los medios de comunicación, especialmente aquellos que tienen una trayectoria de credibilidad y responsabilidad, no solo afecta la imagen del funcionario en cuestión, sino que también mina la integridad del propio sistema judicial.
En una democracia, el diálogo abierto y constructivo entre el poder judicial y los medios no es solo un acto de cortesía, sino una necesidad para garantizar una justicia transparente, accesible y efectiva.
El compromiso con la verdad, la rendición de cuentas y el respeto mutuo entre las instituciones es el camino para fortalecer la democracia. Ignorar este principio no solo es un error estratégico, sino un acto de ignorancia institucional que perjudica a todos.
Esta columna aborda el tema desde una perspectiva crítica y reflexiva, destacando cómo la actitud de un funcionario judicial que ignora un medio de comunicación relevante puede tener consecuencias negativas para la democracia, la transparencia y la confianza pública en el sistema judicial, y para su propia carrera.
Agencia MTR