La ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) correspondiente al año 2025 revela un escenario económico marcado por recortes drásticos en diversos sectores, lo que pone en evidencia un ajuste fiscal de gran magnitud en áreas sensibles. Según el análisis realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el gasto total de la APN experimentó una caída real del 29% en comparación con el año anterior, 2023.
Ajustes en áreas sensibles
Entre los sectores más afectados se encuentran la salud, la educación y el desarrollo social. En salud, las reducciones fueron especialmente graves en instituciones y programas críticos. La Superintendencia de Servicios de Salud sufrió un recorte del 72%, mientras que hospitales nacionales y organismos como el Instituto Malbrán (con una caída del 26%) y la ANMAT (con una disminución del 25%) experimentaron ajustes que comprometen su capacidad de atención y control. En términos de políticas sociales, el impacto es aún más dramático, con programas como el Plan Nacional de Protección Social, que registra una caída de ejecución del 100%, y un recorte del 90% en el Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia.
Recesión en el sector científico y tecnológico
Los recortes en ciencia y tecnología también fueron profundos. Programas clave como el de Promoción de la Investigación e Innovación vieron una disminución del 82%, mientras que organismos como el CONICET, CONAE y la Fundación Miguel Lillo registraron caídas de hasta el 32%. Estas reducciones comprometen la continuidad de investigaciones y avances científicos que, en el mediano y largo plazo, pueden tener un impacto negativo en la competitividad y el desarrollo tecnológico del país.
Reducción en fuerzas federales y seguridad
Las fuerzas de seguridad no escaparon al ajuste. La Policía Federal, Gendarmería y Prefectura Naval experimentaron recortes en torno al 30%. Además, las Fuerzas Armadas, incluyendo el Ejército, Armada y Fuerza Aérea, vieron disminuciones en sus partidas, con ajustes de entre el 18% y el 22%, lo que podría afectar la operatividad y recursos disponibles para la defensa nacional.
Aumento en gastos en Inteligencia y Deuda Pública
Un dato que sobresale en el análisis es el significativo incremento en el gasto destinado a la Secretaría de Inteligencia del Estado, que dependiente de la Presidencia de la Nación, experimentó un aumento del 52% en comparación con 2023. Por su parte, los servicios de deuda pública continuaron absorbiendo un porcentaje relevante del gasto, representando el 8% del total ejecutado, lo que evidencia el peso de la deuda externa en la estructura fiscal del país.
El sector de infraestructura y transporte, al borde de la parálisis
Otro aspecto alarmante es la drástica reducción en los programas de infraestructura y transporte, con caídas en los proyectos de obras públicas de entre el 74% y el 100%. Esto incluye la paralización de obras claves como la construcción de rutas nuevas, túneles y puentes, que sufrieron recortes cercanos al 100%. La falta de inversiones en infraestructura puede comprometer el desarrollo económico a largo plazo y la calidad de vida en diversas regiones del país.
Transferencias a provincias y municipios: un ajuste doloroso
Finalmente, las transferencias del Tesoro Nacional a las provincias y municipios también sufrieron ajustes profundos. Programas como la Asistencia Financiera a Municipios y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires vieron caídas drásticas, de hasta el 100%, lo que incrementa las dificultades fiscales a nivel local y regional.
La ejecución presupuestaria de 2025 refleja una reducción generalizada del gasto público, especialmente en áreas sociales, educativas, científicas y de infraestructura, lo que coloca en riesgo la sostenibilidad de políticas públicas esenciales. A pesar de los recortes, el gasto en Inteligencia y Deuda Pública sigue siendo una prioridad dentro del presupuesto. Este ajuste fiscal podría tener repercusiones a largo plazo en el bienestar social y en el desarrollo económico del país, generando un escenario de alta preocupación sobre el futuro de los servicios públicos esenciales.
Agencia MTR