El Ministerio de Educación de la Provincia emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación por el Presupuesto Nacional 2026, asegurando que la iniciativa presentada por el gobierno de Alberto Fernández “busca desmantelar” la Ley de Educación Nacional (LEN). La cartera educativa provincial, encabezada por Flavia Terigi, señaló que la propuesta de presupuesto elimina o deja sin efecto los “pisos de inversión” garantizados por leyes específicas que han sido fundamentales para asegurar la inversión en el sistema educativo argentino.
La Ley de Educación Nacional, sancionada en 2006, establece criterios de financiamiento y establece un porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) destinado a la educación, con el fin de garantizar recursos suficientes para el funcionamiento de las escuelas públicas en todo el país. En su comunicado, el Ministerio Provincial advirtió que, con el proyecto del Presupuesto 2026, se plantea una reducción de esos fondos, lo que podría afectar la calidad de la enseñanza y profundizar las desigualdades en el acceso a la educación, especialmente en las provincias más vulnerables.
La crítica se centró en la eliminación de los “pisos de inversión”, que son los montos mínimos que deben destinarse a la educación en cada ejercicio fiscal. Estas garantías fueron una de las principales victorias del sistema educativo argentino en las últimas dos décadas, y se consideraron esenciales para garantizar una distribución equitativa de los recursos.
Flavia Terigi, ministra de Educación de la Provincia, calificó la decisión como “un retroceso para la educación pública” y expresó su temor de que, con la falta de estos pisos de inversión, se puedan generar mayores dificultades para llevar adelante políticas educativas en las provincias, que ya enfrentan desafíos estructurales como la desigualdad en la infraestructura escolar, la escasez de recursos y la falta de personal docente.
Por otro lado, desde el Ministerio de Educación de la Nación, aún no se ha emitido una respuesta oficial a las críticas de las provincias. Sin embargo, algunos funcionarios cercanos al gobierno nacional han sostenido que el presupuesto busca optimizar el uso de los recursos y responder a la crisis económica que atraviesa el país. A pesar de estos argumentos, la polémica continúa, y muchos sectores vinculados a la educación advierten sobre las posibles consecuencias negativas para el sistema educativo.
La Ley de Educación Nacional es considerada un pilar fundamental para la democratización de la educación en Argentina, y el debate sobre el presupuesto 2026 genera incertidumbre sobre el futuro de la educación pública en el país. La discusión está lejos de resolverse, y se espera que en las próximas semanas el Congreso debata y analice la iniciativa presentada por el gobierno nacional.
Los gremios docentes ya se han manifestado en contra de la propuesta, alertando sobre los posibles recortes y el impacto negativo que tendría sobre la calidad educativa.
Diversos expertos en educación y organizaciones sociales también se han expresado, señalando que cualquier ajuste en el presupuesto educativo podría tener efectos devastadores en el acceso y la equidad educativa, especialmente en las regiones más empobrecidas.
Este conflicto sobre el presupuesto no solo refleja un choque de intereses entre el gobierno nacional y las provincias, sino que también pone en evidencia las tensiones sobre cómo garantizar una educación pública de calidad en un contexto económico cada vez más desafiante.
Agencia MTR