El bloque de La Libertad Avanza pidió al INAES que analice la situación de la CEyS “Mariano Moreno”

El bloque de concejales de La Libertad Avanza presentó una solicitud formal ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) para que analice el funcionamiento de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios “Mariano Moreno” de 9 de Julio, ante lo que consideran una preocupante falta de información sobre la situación económica, financiera y administrativa de la entidad.

Durante una entrevista concedida a los periodistas Luis Moos y Sol Ormaechea en el programa Despertate (Cadena Nueve, Máxima 99.9 y Visión Plus TV), los ediles explicaron que la presentación busca que el organismo nacional ejerza las facultades de control que le otorga la legislación sobre las cooperativas.

“Lo que le pedimos al INAES es que adopte el papel para el cual fue creado: controlar las entidades cooperativas y verificar qué está sucediendo dentro de la Cooperativa”, señalaron.

Entre los argumentos expuestos, los concejales mencionaron la reiterada falta de respuestas a pedidos de informes, la escasa información brindada al Consejo Deliberante y una serie de procesos judiciales que, según indicaron, comprometen el patrimonio de la entidad.

En ese sentido hicieron referencia a embargos millonarios derivados de litigios con CAMMESA y advirtieron sobre el impacto económico que estas decisiones podrían tener sobre los usuarios del servicio eléctrico. También expresaron preocupación por la deuda acumulada de la cooperativa con la empresa administradora del mercado eléctrico.

Moos sostuvo que “los vecinos terminan pagando intereses, costas judiciales y las consecuencias de decisiones adoptadas por el Consejo de Administración”, mientras que Ormaechea remarcó que “como concejales tenemos la obligación de controlar y exigir transparencia cuando se trata de una institución que presta un servicio esencial”.

Los ediles también cuestionaron la falta de acceso a documentación vinculada con la administración de la cooperativa y reiteraron la necesidad de que exista mayor transparencia en la gestión. En ese marco, defendieron la presentación realizada ante el INAES como una herramienta institucional para esclarecer la situación.

Durante la entrevista también se abordaron otros temas vinculados al funcionamiento institucional de la cooperativa, la representación del municipio en el Consejo de Administración, la situación judicial de distintos expedientes y la necesidad de impulsar reformas que fortalezcan los mecanismos de control y acceso a la información pública.

Desde La Libertad Avanza señalaron que continuarán impulsando pedidos de informes y acciones institucionales “para garantizar transparencia y defender los intereses de los asociados y de toda la comunidad de Nueve de Julio”.

La transparencia institucional como eje del planteo

Más allá de la situación puntual de la Cooperativa, Moos y Ormaechea señalaron que el reclamo forma parte de una concepción más amplia sobre el funcionamiento de las instituciones públicas y de las entidades que administran recursos de la comunidad.

Los concejales sostuvieron que el acceso a la información, el cumplimiento de las ordenanzas y la rendición de cuentas deben ser principios básicos de toda gestión. En ese sentido, cuestionaron que numerosos pedidos de informes presentados desde el bloque continúan sin respuesta y advirtieron que esa falta de transparencia termina debilitando la confianza de los vecinos en las instituciones.

“Las instituciones no pertenecen a las personas que circunstancialmente las conducen, sino a toda la comunidad. Si no hay información pública, si no se responde a los pedidos de informes y no existe voluntad de explicar las decisiones que se toman, es muy difícil ejercer el control que nos corresponde como representantes de los vecinos”, expresaron.

Durante la entrevista también afirmaron que la política debe avanzar hacia un cambio cultural basado en la responsabilidad institucional, el cumplimiento de las normas y la transparencia administrativa. En ese marco, consideraron que los municipios deben ser el punto de partida de esas transformaciones, promoviendo gobiernos abiertos, mayor acceso a la información y controles efectivos sobre los organismos públicos y las entidades que administran servicios esenciales.

Asimismo, remarcaron que muchas de las reformas necesarias exceden el caso de la Cooperativa y alcanzan al funcionamiento general del Estado, la Justicia y los organismos de control. “El cambio de época exige instituciones más transparentes, funcionarios que se hagan cargo de sus decisiones y reglas que se cumplan para todos por igual”, concluyeron.

Por otra parte, en relación a fallos señalados por los ediles, se publican los fallos y la consideración del abogado de la CEyS Mariano Moreno que siguió la conversación en ‘Despertate’.

La resolución judicial que declaró la caducidad de instancia de un amparo iniciado en 2018 corresponde a un expediente distinto al proceso colectivo que continúa en trámite ante la Corte Suprema. El abogado de las cooperativas aseguró que ambos casos fueron confundidos y que no tienen relación entre sí.

La reciente difusión de un fallo que declaró la caducidad de instancia de un amparo vinculado al sector eléctrico generó interpretaciones erróneas sobre el estado de las causas judiciales que involucran a cooperativas eléctricas. Sin embargo, desde la representación legal de las entidades aclararon que se trata de un expediente completamente distinto al proceso colectivo que continúa en trámite ante la Corte Suprema de Justicia.

El abogado Fernando Villaverde explicó a CN que la causa en la que se declaró la caducidad corresponde a un amparo iniciado en 2018, cuando una cooperativa sufrió una reducción en el suministro de energía. En ese momento, la Justicia otorgó una medida cautelar para impedir esa reducción, pero con el paso del tiempo el expediente dejó de impulsarse y finalmente operó la caducidad de instancia.

“Es un tema del año 2018. Se obtuvo la medida cautelar para evitar la reducción de energía, después el amparo quedó sin movimiento y se produjo la caducidad de instancia. No hay ningún otro alcance”, sostuvo el letrado.

En ese sentido, remarcó que ese expediente “no es el proceso colectivo, no tiene nada que ver con el colectivo, ni con sus integrantes, ni con la causa que hoy sigue en la Corte Suprema”.

El abogado también cuestionó las versiones que vincularon esa resolución con el litigio colectivo iniciado por las cooperativas contra decisiones nacionales en materia energética.

Respecto de ese expediente, recordó que la Cámara Federal no rechazó el proceso colectivo por considerar que no existiera un colectivo de afectados, sino que entendió que debía garantizarse el derecho de defensa de CAMMESA antes de extender los efectos de las resoluciones judiciales.

“La Cámara no dijo que no hubiera un proceso colectivo. Lo que sostuvo fue que primero debía ser escuchada CAMMESA. Eso ya ocurrió y toda esa discusión hoy está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que debe resolver sobre dos sentencias a favor de la CEyS Mariano Moreno junto a otras cooperativas”, explicó.

El representante legal agregó que la causa colectiva ya obtuvo una sentencia favorable en primera instancia y que el debate judicial continúa exclusivamente en el máximo tribunal.

Por ese motivo, insistió en que ambos expedientes no deben confundirse, ya que uno concluyó por una cuestión estrictamente procesal derivada de la falta de impulso del amparo iniciado en 2018, mientras que el otro mantiene plena vigencia y sigue su trámite judicial.

“Se mezclaron dos expedientes completamente distintos. Uno terminó por caducidad de instancia después de una cautelar obtenida hace años; el otro sigue su curso, ya con CAMMESA incorporada al proceso y con la cuestión pendiente de resolución en la Corte Suprema”, concluyó.