Tras la sanción de la reforma laboral impulsada por el Gobierno en el Congreso, la Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizó este lunes hacia los Tribunales porteños para presentar una serie de recursos judiciales con el objetivo de que la norma sea declarada “inconstitucional”. La central obrera realizó presentaciones ante el fuero Laboral y el Contencioso Administrativo, en un intento por impedir la entrada en vigencia de la ley o, al menos, frenar algunos de sus artículos más cuestionados.
La concentración se realizó en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, donde la conducción de la central leyó un documento crítico de la reforma. Entre los puntos señalados, cuestionaron “la ampliación de las jornadas de trabajo hasta 12 horas”, “el fin de las horas extras” y “la reducción de los salarios”.
La llamada Ley de Modernización Laboral fue aprobada por el Senado con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, lo que significó uno de los principales triunfos legislativos del presidente Javier Milei.
Los puntos en conflicto
Sin margen político para convocar a un nuevo paro general en el corto plazo, la CGT optó por la vía judicial. Uno de los ejes centrales de la impugnación es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mecanismo que, según la central, permitiría financiar indemnizaciones con aportes de los propios trabajadores.
En el documento leído ante la militancia, la central sindical denunció además “la eliminación de la sanción a los empleadores que no pagaron aportes”, la posibilidad de que “la indemnización se pague en cuotas y a través del FAL” y una “transferencia de recursos públicos hacia administraciones privadas”.
Los cosecretarios generales Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros) encabezaron la presentación judicial en medio de la movilización.
“La CGT, coherente con su compromiso doctrinario, asume su responsabilidad histórica resistiendo y rechazando por todos los medios a su alcance esta reforma regresiva y perniciosa”, señalaron en el comunicado difundido durante el acto.
Críticas institucionales y mensaje político
Otro de los aspectos rechazados por la central es el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo desde el ámbito nacional a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según expresaron, esa decisión “aparta del acceso al servicio de justicia social tanto a las y los trabajadores como a sus organizaciones gremiales”.
En uno de los tramos finales del documento, la conducción sindical también buscó despegarse de la dirigencia política, en particular del peronismo, al remarcar que la CGT “no gobierna ni gobernó” y que no fue responsable de la estrategia electoral que derivó en la derrota presidencial de 2023.
“La CGT no conduce el Estado ni las políticas económicas ni la macroeconomía, no diseñó la política fiscal ni la del Banco Central, no emitió ni avaló la toma de deuda externa, no vota leyes ni firma privatizaciones”, enfatizaron.
Con esta estrategia judicial, la central obrera abre un nuevo frente de conflicto con el Gobierno nacional y traslada la disputa por la reforma laboral al ámbito de los tribunales, mientras se mantiene en estado de alerta frente a la eventual reglamentación y aplicación efectiva de la norma.
Agencia MTR