Laura Isla Raffaele: “Permitir que las provincias decidan qué glaciar proteger puede poner en riesgo el agua del país”

La reciente media sanción otorgada por el Senado de la Nación al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares volvió a instalar el debate sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y preservación ambiental en Argentina. Desde el ámbito académico y científico surgieron voces de alerta ante los cambios propuestos, que ahora deberán ser analizados por la Cámara de Diputados.

Durante una entrevista en el programa Despertate, emitido por Cadena Nueve Máxima 89.9 y Visión Plus TV, la docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Laura Isla Raffaele, explicó que la preocupación radica principalmente en la posibilidad de que las provincias puedan redefinir qué glaciares deben permanecer protegidos.

“La ley vigente establece un piso mínimo de conservación ambiental para todo el país. Lo que propone esta modificación es que cada provincia pueda decidir si determinados glaciares continúan o no dentro del inventario nacional”, señaló la especialista, quien además integra el ámbito de la Licenciatura en Ciencias Ambientales.

La Ley de Glaciares, sancionada en 2010 tras un amplio debate político y social, creó el Inventario Nacional de Glaciares, una herramienta científica destinada a identificar y registrar estos ecosistemas estratégicos. Según explicó Isla Raffaele, antes de la sanción de la norma no existía información sistematizada sobre la cantidad y ubicación de los glaciares argentinos.

“El inventario fue realizado por instituciones científicas especializadas justamente para evitar decisiones discrecionales. Con esta reforma, una autoridad provincial podría excluir un glaciar aun cuando ya fue identificado como relevante por estudios técnicos”, advirtió.

Uno de los puntos más sensibles del proyecto está vinculado a las actividades permitidas en zonas glaciares y periglaciares. La legislación actual restringe emprendimientos que puedan afectar estos ambientes, entre ellos la actividad minera e industrial. Para la investigadora, flexibilizar esos límites podría generar consecuencias irreversibles.

“Si un glaciar deja de estar protegido, puede habilitarse allí una actividad que lo destruya. Y cuando un glaciar se pierde, no solo desaparece hielo: se pierde una reserva estratégica de agua dulce”, explicó.

La docente subrayó que el impacto no se limita al aspecto ambiental. Los glaciares funcionan como reguladores naturales del recurso hídrico, liberando agua acumulada durante años húmedos y sosteniendo caudales en períodos de sequía. “Muchas cuencas dependen de ese aporte. Una decisión tomada en una provincia puede afectar la disponibilidad de agua río abajo, incluso en otras jurisdicciones”, indicó.

Asimismo, destacó que estos ecosistemas sostienen biodiversidad única y actividades económicas fundamentales como la agricultura y el turismo. “Estamos hablando del equilibrio ecológico completo: especies animales, vegetación de montaña y comunidades humanas que dependen directa o indirectamente de esos sistemas”, agregó.

Desde el sector científico, universidades nacionales y organizaciones ambientales vienen desarrollando instancias de diálogo con legisladores para explicar los posibles efectos de la modificación. Isla Raffaele recordó que ya se realizaron exposiciones técnicas en comisiones del Senado y que el objetivo ahora es que el debate continúe con mayor profundidad en Diputados.

“La expectativa es que los diputados puedan analizar la información científica disponible y comprender que la protección de los glaciares es una política estratégica de largo plazo para el país”, afirmó.

Mientras el proyecto avanza en el Congreso, el debate vuelve a poner en discusión el rol del federalismo ambiental y la necesidad de garantizar recursos naturales esenciales frente a escenarios crecientes de cambio climático y crisis hídrica.