La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) convocaron para este jueves 18 de diciembre una marcha y nacional en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
Además, La CGT Nueve de Julio se suma a la medida de fuerza y llama a sumarse a la marcha nacional.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también confirmó su adhesión, convocando a movilizarse hacia Plaza de Mayo.
Los sindicatos advierten que la reforma:
No crea empleo genuino y abarata y facilita los despidos.
No termina con el trabajo informal, sino que promueve la precarización y la tercerización.
No genera crecimiento, destruye el salario y hunde el consumo interno.
Prohíbe, en la práctica, el derecho a huelga.
Representa un retroceso al siglo XIX, anteponiendo el “fin económico” y el “intercambio” por encima de la dignidad de los trabajadores.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, criticó duramente el proyecto: “La reforma laboral plantea jornadas de 12 horas y pago en especies, una medida inhumana y esclavista. Permitiría a los empresarios ser dueños también de nuestras vidas”. Aguiar señaló además que la iniciativa podría “aniquilar” a las provincias, sumado a los recortes presupuestarios y la disminución del 10% de la planta estatal que planea el Gobierno.
El dirigente comparó la situación argentina con otros países: “México acaba de aumentar el salario mínimo y reducir gradualmente la jornada laboral. España derogó leyes regresivas y restableció derechos laborales, logrando crecimiento económico y empleo”.
En el ámbito parlamentario, el proyecto generó tensiones: el senador peronista José Mayans denunció falta de competencias y violación del reglamento previo a la conformación de la comisión que debatirá la reforma, en un duro cruce con la oposición. Por su parte, Luis Caputo se reunió con la UIA para buscar apoyo empresarial, destacando la importancia de la formalización laboral y la inversión.
Impacto en los servicios públicos
El paro afectará algunos servicios estatales. En hospitales y centros de salud se garantizarán guardias y urgencias, pero algunos consultorios externos podrían sufrir demoras o reprogramaciones. El SAME y las Unidades Febriles de Urgencias funcionarán con normalidad, según informaron desde ATE.
Las organizaciones sindicales advierten que la medida busca presionar al Gobierno y a los gobernadores frente a la reforma laboral y los ajustes presupuestarios, y recomiendan a la ciudadanía anticiparse a posibles demoras en trámites y servicios estatales.
Agencia MTR